El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible afirmó que en Colombia se generan cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, de las cuales se recicla en promedio un 17%. En el caso d Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día, de las cuales solo se reaprovechan entre el 14% y 15%. La principal consecuencia del bajo nivel de reciclaje existente desde la fuente (casas, fábricas) es que se pone en jaque la operación de los rellenos sanitarios por la falta de espacio para la disposición final de residuos.

En un estudio adelantado por el Banco Mundial en 2015, se concluyó que: "si se continúa con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto invernadero".[1]

Según cifras entregadas por el Centro de Gerenciamiento de residuos Doña Juana S.A. E.S.P. (CGR) operador del relleno, en éste se disponen diariamente 6300 toneladas de basura aproximadamente; de este total, se calcula que aproximadamente el 60% son residuos orgánicos, y el 40% restantes, son residuos inorgánicos en los cuales se encuentra un alto porcentaje de materiales potencialmente reciclables y reutilizables.

Reciclaje: Clave para mejorar disposición final de residuos sólidos

Uno de los principales retos que enfrenta la ciudad capital en materia ambiental hoy en día, tiene que ver con la capacidad que tiene el Relleno Sanitario Doña Juana para la disposición final de residuos sólidos, pues como bien se sabe, al Relleno le queda una capacidad aproximada de disposición de dos (2) a tres (3) años, en la medida en que valla alcanzando las cotas de residuos acordadas en la licencia vigente. Cabe recordar que la licencia ambiental vence cuando las celdas habilitadas para la disposición de los residuos alcancen la cota de 2999 mts.

Actualmente, la celda uno (1) se encuentra inhabilitada para la disposición hasta que no se superen ciertas problemáticas que tienen que ver con la estabilidad del terreno y el manejo de lixiviados; la celda dos (2) prácticamente ya alcanzó su capacidad, quedando las celdas tres (3) y cuatro (4) para la disposición de los residuos.

En este contexto, el CGR realizó un estudio interno de las áreas del relleno sanitario intervenidas y sin intervenir, con el fin de determinar las áreas que se podrán optimizar con el fin de aumentar la vida útil del relleno sanitario, sin necesidad de intervenir áreas externas.

A partir de este estudio, se determinó, primero, que es posible extender la vida útil del relleno por aproximadamente 20 años más, es decir, el RSDJ cuenta con una vida útil hasta aproximadamente el año 2044, con una disposición aproximada de 50 millones de toneladas de residuos sin necesidad de adquirir nuevos predios, utilizando las 598 hectáreas actuales de extensión que posee.

Y segundo, que esta fecha se podría ampliar por encima del año 2044 si los programas de aprovechamiento de residuos se implementan en la ciudad de forma efectiva, reduciendo así la cantidad de residuos que llegan al RSDJ.

En este orden de ideas, el reciclaje juega un papel fundamental para garantizar la sostenibilidad de la disposición final de residuos sólidos, de manera eficiente y con el menor impacto ambiental y social posible.

Economía circular

En este escenario, empieza a cobrar gran importancia los modelos económicos inspirados en la Economía Circular. El modelo económico neoliberal se caracteriza por "extraer, producir y desperdiciar", el cual está llegando ya al límite de su capacidad física. Frente a este modelo, la economía circular aparece en el escenario buscando redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Respaldada por una transición a fuentes renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social y se basa en tres principios:

•Eliminar residuos y contaminación desde el diseño
•Mantener productos y materiales en uso
•Regenerar sistemas naturales
Proyecto de Aprovechamiento y Reciclaje Sostenible

La Administración del exalcalde Enrique Peñalosa, creó el Proyecto de Aprovechamiento y Reciclaje Sostenible – PRAS. Es así como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP articula los programas y proyectos definidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS, el Plan de Desarrollo, la política distrital en servicio público de aseo, la estrategia nacional de economía circular (2018), y el Documento CONPES 3874 de 2016, que contiene la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CONPES 3918, DNP/2018)

Para la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Público (UAESP), entidad encargada de del manejo de aseo y recolección de basuras en la ciudad, la iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de los recicladores y convertirlos en empresarios. En cuanto a la afiliación en salud, esta deberá garantizarla la empresa o asociación a la que pertenezcan de oficio en su actividad mediante la progresiva formalización.

No obstante, Clara Inés Martínez, recicladora hace 40 años y líder de los gremios de recicladores, denunció ante el congreso que su labor es mal paga: "todos se llevan el mérito del reciclaje, menos los que tenemos que meter las manos a la bolsa para separar lo que sí es reciclaje". "Los intermediarios se están quedando con el dinero del reciclaje y a nosotros nos dejan las migajas". Denunció que mientras una tonelada de material la pagan a 80 mil pesos, esos intermediarios la venden a la industria en 3 millones de pesos[2].

Por otro lado, según un informe rendido por la UAESP, las bodegas o ECA en las localidades no cuentan con las condiciones de equipamiento para hacer la correcta clasificación y transformación de los residuos.

Retos en el manejo de residuos

Bogotá tiene múltiples retos en materia ambiental y de reciclaje teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que se traduce en mayor generación de residuos en los próximos años.

Cabe recordar que el proceso del cambio de esquema de aseo comenzó en enero del año 2018. Desde ese entonces, y a pesar de las vicisitudes que se presentaron al inicio del proceso, hoy en día se ha podido evidenciar que las nuevas empresas de aseo han renovado la flota de compactadores, implementaron el proceso de recolección de basuras en las zonas rurales y se ha visto la instalación de contenedores de basura en algunos sectores de la ciudad.

No obstante, Nohra Padilla, líder de las asociaciones de recicladores de Colombia, sostiene que el nuevo esquema de aseo ha afectado la actividad de recolección de la población de recicladores, pues la separación de residuos en la fuente no está siendo eficiente como consecuencia de la ausencia de mecanismos de capacitación, sensibilización y de canales de comunicación con la ciudadanía, mediante los cuales se explique el funcionamiento de los contenedores.

Otro reto consiste en reconocer la importante labor de la población recicladora, que en su mayoría dedica entre 26 y 48 horas semanales a la recolección, tiempo que supera la jornada laboral legal en Colombia y cuyos ingresos mensuales en promedio son de $550.570, menos del salario mínimo vigente, cifras aportadas por la UAESP. Por lo tanto, se debe dignificar el trabajo a este sector en condición de vulnerabilidad garantizando todas las condiciones laborales y resolviendo sus peticiones.

Cabe mencionar que las principales problemáticas de los recicladores gira en torno a la ausencia de prestaciones sociales, la manipulación de residuos peligrosos y/o tóxicos y la mala remuneración. Por un lado, Aunque los recicladores pertenezcan a grupos gremiales, esto no garantiza su afiliación a algún sistema de seguridad social o de salud, dado que los costos de vinculación a Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) o a Entidades Promotoras de Salud (EPS), no están a cargo de las asociaciones, debido principalmente a que la rentabilidad económica del reciclaje no alcanza para cubrir el servicio de salud, lo cual deja como última alternativa que la ciudadanía acuda al SISBEN.

Cindy Forero, funcionaria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sostiene que existe un desconocimiento de los derechos de los recicladores, por lo cual, es necesario, capacitar a quienes se dedican a esta actividad, de modo que se apropien de su labor de forma segura.

Reciclaje y el Plan de Ordenamiento Territorial

El Gremio del reciclaje elevó la solicitud al Gobierno Distrital para que en el nuevo POT se respeten los derechos otorgados por la Corte Constitucional. Dentro de las solicitudes presentads por el gremio, se encuentran la de Mayor flexibilidad en los requisitos que debe cumplir para poder funcionar, actualización del inventario de bodegas, fortalecimiento de la cadena de aprovechamiento y no vulnerar los derechos fijados por la corte constitucional, entre otros temas, de cara al nuevo POT.

Asimismo, según la información reportada por la Secretaría Distrital de Planeación el pasado viernes 17 de julio en su portal web[3], los voceros de bodegas y organizaciones de recicladores pidieron que puedan funcionar las microbodegas porque cumplen una función social importante en la ciudad como bodegas de barrio, al atender a recicladores muy vulnerables que no tienen oportunidades de transporte. Dentro de las observaciones por parte del gremio reciclador, se encuentran las siguientes:

• Manifestaron también que tanto las bodegas privadas como las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) deben ser tenidas en cuenta como parte de la prestación del servicio. Además, solicitaron claridad en la norma para su ubicación en la ciudad.

• Se inclinaron por incluir los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en procesos productivos de aprovechamiento y pedagogía. También, pidieron explicación sobre cómo van a funcionar y qué clase de residuos manejarán los Centros de Gestión Integral de Residuos Sólidos (CGIRS).

• Las asociaciones de recicladores solicitaron la actualización del inventario de bodegas y que se conozca la realidad de las instalaciones en la ciudad. Comentaron que el sistema de inventarios está mal planteado y afecta a las bodegas de reciclaje tanto privadas como las ECA.

• Abogaron por mayor flexibilidad en los requisitos que deben cumplir para poder funcionar. Explicaron que les resulta difícil cumplir con parámetros como disponer de una vía al frente de los centros de acopio.

• Para el gremio reciclador, se debe hacer una regularización y planeación del territorio con base en la actividad de aprovechamiento y no por localización, para proteger la prestación del servicio por parte de los más de 21.000 recicladores de oficio.

• Que la administración distrital apoye financieramente la cadena de aprovechamiento de los recicladores de oficio en estado de vulnerabilidad y pobreza, es otra de las peticiones, al igual que se tenga en cuenta que la localización de las bodegas no se hace por capricho sino que obedece a los circuitos de los recicladores.

• Con base en los aspectos amparados por la Corte Constitucional los líderes solicitaron acceso cierto y seguro del material reciclable a los recicladores; permanencia en su oficio, así como el pago por el servicio de aprovechamiento prestado a la ciudadanía. "Cualquier proceso que se desarrolle no puede vulnerar los derechos que el gremio reciclador tiene ganados", reiteraron los voceros.[4]

Regularización de bodegas de reciclaje

Las bodegas privadas de reciclaje tuvieron plazo hasta abril del año en curso para hacer toda la regularización y el plan de acción que les permita seguir funcionando, mientras cumplen con los requisitos exigidos por los Decretos 113 de 2013[5] y 456 de 2010.

Cabe mencionar que el Decreto 113 de 2013 y del Decreto Distrital 456 de 2010, hacen referencia a las bodegas de reciclaje en cuanto a su clasificación y condiciones de localización; edificabilidad y volumetría; acciones de mitigación, desarrollo de actividades al interior de las mismas, procedimiento de regularización, implantación de nuevas bodegas, entre otras disposiciones.

Estos requisitos buscan mitigar, los impactos urbanísticos y de movilidad, así como para evitar que las bodegas privadas de reciclaje no afecten al servicio público de aseo.

La Secretaría Distrital de Planeación ha venido realizó mesas de trabajo con las organizaciones que representan a los propietarios de las bodegas y a las personas que desarrollan la actividad del reciclaje. Entre 2017 y 2018 se realizaron como mínimo cuatro jornadas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Hábitat y con la Unidad Administradora Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Si bien consideramos que la actividad del reciclaje tiene que estar reglamentada bajo un marco regulatorio, nos preocupa que por intentar ser muy exegéticos con la norma, se perjudique a los puntos o bodegas de reciclaje más vulnerables y por este medio, se genere una grave afectación a toda la cadena de actores que se encargan de prestar este servicio, lo cual arrastraría graves consecuencias para las economías familiares de las miles de personas que se dedican a esta labor, afectando también la capacidad de reciclaje de la ciudad. Por ejemplo, una de las exigencias que establecidas limita el cargue y descargue sobre las vías o sobre andenes. Según la norma, esta actividad tienen que hacerla al interior de los predios. Esas son entre otras, algunas de las acciones de mitigación que se deben aplicar dependiendo del tamaño de la bodega.

No obstante, nos queda el interrogante sobre los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de implementar los decretos reglamentarios, los cuales ponen en riesgo el funcionamiento de los centros de acopio más pequeños y con menores recursos. Basta ver los puntos de reciclaje que están ubicados en la localidad de Los Mártires para darse cuenta que muchos de estos establecimientos no cuentan con la infraestructura ni con los recursos necesarios para adecuar las instalaciones a las exigencias impuestas por el Gobierno Distrital.

Voceros de los recicladores advirtieron que es imposible el cumplimiento de esos decretos porque en unos casos, dicen, les piden que las bodegas tengan como mínimo una vía de 12 metros de ancho o más, según lo informó Wilson Cifuentes de la Asociación Nacional de Pequeños Industriales del Reciclaje.[6]

Cabe recordar que la implementación de estas medidas ocasionó protestas por parte de personas que pertenecen al gremio de recicladores en Bogotá que denunciaron públicamente a la administración Distrital por el cierre de las bodegas que funcionan como lugares de almacenaje para todo el material aprovechable de la ciudad.

Cabe destacar que, según cálculos de del gremio de los recicladores, estas personas recolectan más de dos toneladas diarias de material aprovechable, que sin su labor pararían en el relleno sanitario de Doña Juana.[7]

Observaciones

Desde el CGR Doña Juana sostienen la tesis que la gestión de residuos sólidos se está orientado a su aprovechamiento; sin embargo, ello requiere de una política pública direccionada hacia la separación en la fuente que lamentablemente no existe en la ciudad de Bogotá, ni en Colombia. No existen elementos educativos, ni de arraigo cultural, ni de política pública que permitan avanzar en esa dirección y todo parece indicar que en lugar de reducir la generación de residuos, ella está aumentando en la ciudad de Bogotá, por lo que se requerirían cuantiosas inversiones para construir y mantener una infraestructura que permitiese realizar tales procesos, con el agravante que el mercado para los materiales aprovechados no es suficiente, ni rentable, de manera que los residuos sólidos deberán continuar enterrándose en el relleno sanitario Doña Juana.

Armando Gutiérrez González

Concejal de Bogotá – Partido Liberal