En el marco de la Audiencia Pública Bogotá Región Metropolitana, convocada por el Concejo de Bogotá, expertos, expertas, concejalas y concejalas promovieron una carta abierta en donde resaltan la inconveniencia de votar positivamente el Proyecto 462/2022 “Por medio del cual se autoriza el ingreso del Distrito Capital a la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.
En la misiva los autores destacan que aunque Cundinamarca y Bogotá merecen una región con visión compartida que genere confianza y enfrente los poderes políticos que se pliegan a los intereses financieros de la región, entre otros, la propuesta en curso es una apuesta de concentración de poder, que busca instaurar un modelo de cogobernanza cerrado.
“(…) la Ley Orgánica pasa por encima de todo lo que se había avanzado en ordenamiento territorial sobre la base de la gobernanza colaborativa, descentralizada y policéntrica en la región”, anotan.
De acuerdo con la carta: “(…) con este modelo se corre el riesgo de intensificar la aglomeración urbana, de intensificar la inequidad entre el mundo urbano y el mundo rural y de subordinar los municipios del departamento al desarrollo de una gran ciudad aglomerada que se expande de Bogotá hacia afuera (…)”
La carta llama la atención sobre los riesgos que conlleva esta propuesta frente al cambio climático, el ambiente y la estructura ecológica e hídrica de la región, las vocaciones productivas y la seguridad alimentaria, entre otros.
AQUÍ EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA
Carta abierta al Concejo de Bogotá para que vote NO al inconveniente proyecto de Región Metropolitana
Cundinamarca y Bogotá merecen una región con una visión compartida y que genere confianza. Una región inspiradora, democrática, hídrica y ambientalmente sustentable, que combata la pobreza, la inseguridad, la ilegalidad, la desigualdad y, sobre todo, que enfrente sin titubeos los poderes políticos que se pliegan a los intereses financieros de la región.
Debemos ser claros, lo que está en juego hoy es el modelo de región al que le vamos a apostar en los próximos años: una región que concentra el poder en una institución, que homogeniza y subordina los cuerpos de elección popular o una región plural, policéntrica y descentralizada que reconoce la diversidad de los territorios.
La Región Metropolitana definida en la Ley Orgánica es una apuesta de concentración de poder, que busca instaurar un modelo de co gobernanza cerrada donde quedan por fuera del sistema de decisiones las organizaciones, las redes, los actores colectivos y los territorios de la región.
El ordenamiento de la región se ha venido constituyendo a partir de un cúmulo de acuerdos y de instrumentos de planeación que se basaban en la idea de sistema de ciudades desconcentradas, de vínculos urbano-rurales equilibrados. Este diseño cerrado de la Ley Orgánica pasa por encima de todo lo que se había avanzado en ordenamiento territorial sobre la base de la gobernanza colaborativa, descentralizada y policéntrica en la región.
Por eso, con este modelo se corre el riesgo de intensificar la aglomeración urbana, de intensificar la inequidad entre el mundo urbano y el mundo rural y de subordinar los municipios del departamento al desarrollo de una gran ciudad aglomerada que se expande de Bogotá hacia afuera. Se puede perder la oportunidad de desconcentrar y repartir las oportunidades, de generar un sistema económico diverso en la región.
Se corre el riesgo de darle la espalda a los retos que nos impone el cambio climático, a desconocer las potencialidades y vocaciones productivas de la ruralidad, a pasar por encima de la estructura ecológica e hídrica de la región, a amenazar su seguridad alimentaria.
Se corre el riesgo de intensificar la lógica de los intereses privados, de los intereses inmobiliarios, las lógicas especulativas en la región, que dejan la puerta abierta para profundizar el volteo de tierras que en varios municipios de la región han destruido los activos ecológicos y puesto en riesgo la producción agrícola.
Con esta Región Metropolitana no se toca a la CAR, una institución clave para el ordenamiento ambiental de la región y que en la actualidad supedita el cuidado del medio ambiente a los intereses particulares, de grandes tenedores de tierras y grandes desarrolladores inmobiliarios.
Esto está demostrado: la Procuraduría General de la Nación ha llamado y llevado a juicio a funcionarios de esta corporación por su presunta participación en modificaciones de los POT municipales del departamento en los que irregularmente se han extraído zonas ambientalmente protegidas para el desarrollo de proyectos de urbanización. Además, el Consejo de Estado anuló la elección de un miembro del Consejo Directivo de la CAR por resultar fraudulenta.
Teniendo en cuenta los riesgos señalados sobre este diseño institucional de Región Metropolitana basado en la concentración de poder y el abandono de la gobernanza colaborativa, descentralizada y policéntrica ¿Qué acciones debería tomar el Concejo Distrital?.
La Administración Distrital presentó ante el Concejo un Proyecto de Acuerdo (PA) en el que no solo se busca aprobar el ingreso de Bogotá a la Región, sino que también se busca otorgar facultades extraordinarias a el (la) Alcalde(sa) para “emprender las acciones administrativas y jurídicas y los traslados y los aportes presupuestales necesarios para materializar” este ingreso.
Un Acuerdo Distrital que le de estas facultades extraordinarias a la Alcaldesa profundiza el esquema cerrado de toma de decisiones sobre la Región Metropolitana, el cual, como señalamos, es contraproducente para las necesidades de la región.
En ese sentido, invitamos a la Administración Distrital a construir un nuevo Proyecto de Acuerdo, cuyo propósito fundamental sea el diseño de un esquema abierto de toma de decisiones, para que el papel de Bogotá en la Región esté basado en el diálogo y en la participación vinculante de los diversos actores.
Esto quiere decir, construir un nuevo proyecto de acuerdo que establezca las condiciones necesarias para que las acciones de Bogotá en la Región se formulen a partir de la deliberación y del consenso de amplios sectores sociales.
Que los grandes temas y problemas de Bogotá y su relación con la región sean discutidos de forma amplia con las poblaciones afectas e interesadas de la región; y que las decisiones, las estrategias y los planes para transformar Bogotá y la región estén basados fundamentalmente en los resultados de esa deliberación y ese consenso.
Bogotá tiene esa oportunidad y no puede desaprovecharla: debe proponer a la región un diseño innovador de gobernanza colaborativa que le apunte definitivamente a la construcción de una visión compartida de región metropolitana.
