- Bogotá reportó 288 casos de hostigamiento a estudiantes en condición de discapacidad en el último año, advirtió el concejal José Cuesta.
- El 85 % de los estudiantes de estratos bajos se concentra en colegios públicos, indicó el cabildante Armando Gutiérrez.
- Concejales solicitaron aumentar el personal y disminuir la carga laboral de los docentes orientadores.
En sesión de la Comisión de Gobierno, el Concejo de Bogotá realizó un debate de control político concerniente a la situación de la educación en la ciudad, citado por las bancadas del Pacto Histórico, Partido Liberal y Colombia Humana.
Dando apertura al debate, las concejales Quena Ribadeneira, Rocío Dussán, Donka Atanassova, Heidy Sánchez, Ana Teresa Bernal, junto con los cabildantes Armando Gutiérrez y José Cuesta, denunciaron la presunta existencia de un cartel de puestos provisionales para docentes. Según indicaron, aspirantes pagaban 500.000 pesos para ser incluidos en un grupo de WhatsApp donde se informaban vacantes. Asimismo, entregaban sus credenciales a funcionarios del Distrito para manipular el sistema y alterar certificaciones laborales, realizando un último pago por 2.000.000 de pesos tras su nombramiento. Dichas prácticas habrían permitido recaudar cerca de 55 mil millones de pesos.
En materia de inclusión escolar, los cabildantes alertaron retrocesos debido al cierre de aulas de apoyo para estudiantes en condición de discapacidad. Señalaron que el hostigamiento hacia esta población en los salones regulares ha venido en aumento, pasando de 120 casos en 2022 a 288 en el último año. Asimismo, advirtieron una sobrecarga en los docentes orientadores encargados de la salud mental y la convivencia escolar. Mientras el estándar internacional recomienda un orientador por cada 250 estudiantes, el Distrito cuenta con 984, lo que equivale aproximadamente a uno por cada 800 alumnos, evidenciando un déficit que compromete la garantía de una educación integral.
Respecto a cobertura y deserción, los concejales señalaron que en Bogotá hay cerca de 850.000 niños, niñas y jóvenes en edad escolar; no obstante, el sistema oficial atiende alrededor de 708.201 menores. Indicaron además que cada año aproximadamente 85.000 estudiantes abandonan las aulas por factores como cambio de residencia, bajo rendimiento académico y situaciones de salud mental. En ese sentido, solicitaron fortalecer estrategias de permanencia escolar y no concentrar los esfuerzos únicamente en ampliar las matrículas.
De igual manera, advirtieron que, con corte a 2023, persiste una segregación escolar en la ciudad, dado que el 85 % de los estudiantes de estratos bajos se concentra en colegios públicos, donde la tasa de reprobación (10,6 %) es diez veces mayor que en instituciones privadas. Aunque la educación superior puede triplicar los ingresos, señalaron que las brechas de calidad en la educación media y la deserción limitan la movilidad social. También alertaron sobre dificultades concernientes a movilidad y tiempo, indicando que estudiantes del sector oficial pierden más horas en desplazamientos y jornadas en las horas de la tarde, lo que incrementa la fatiga y el riesgo de abandono escolar, mientras el sector privado cuenta con mejores horarios y condiciones de transporte.
Durante la deliberación, también se cuestionaron las acciones de la Administración frente al magisterio. Los cabildantes indicaron que 732 docentes fueron objeto de descuentos salariales y advirtieron un debilitamiento de las garantías laborales. A este panorama se suman rezagos en infraestructura educativa frente a las metas del Plan de Desarrollo Distrital, pues la entrega de nuevas escuelas registra un avance del 25 % (solo cuatro instituciones), la restitución de colegios alcanza el 16,67 % (dos entregas) y las intervenciones en sedes educativas llegan al 31,61 % (98 intervenciones ejecutadas).
Finalmente, la Corporación solicitó a la Administración Distrital fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la provisión de la planta docente, realizar seguimiento riguroso a las necesidades de infraestructura educativa, implementar estrategias efectivas para disminuir la deserción escolar y estructurar un plan distrital de permanencia estudiantil con metas verificables, datos desagregados por localidad y seguimiento trimestral, con el fin de garantizar el derecho a la educación en la ciudad.
