CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEBE SER REQUISITO PARA POSESIONAR FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Mi propuesta es que ese certificado contenga el registro de todas las medidas de protección que se hayan ordenado desde las comisarías de familia contra ciudadanos o ciudadanas que incurran en violencia contra sus familiares.

Y lo más importante, que ese certificado sea uno de los requisitos para acceder a un cargo en las empresas del Distrito y que a la hora de contratar se prefiera a quienes no tengan antecedentes de violencia intrafamiliar.

Las cifras de este fenómeno que agobia a los hogares, y especialmente a las mujeres y a los niños y niñas, ameritan que además de las acciones penales o civiles que se emprendan, haya consecuencias que permitan sancionar a los maltratadores.

El Instituto de Medicina Legal reportó entre el 2007 y el 2016 exámenes médico legales en 527.284 casos de violencia de pareja que llegaron a la justicia, y en el 86 por ciento la víctima fue una mujer. En el 2009 se llegó a una tasa de 168,13 casos por cada 100.000 habitantes.

Pero esos casos de agresión entre pareja no son lo único. Es alarmante que no ceda la violencia contra los niños y niñas en el hogar. Entre el 2007 y el 2016 fueron 122.328 episodios los que llegaron a Medicina Legal, lo que significó 28 casos por día.

No hay duda de que la alta incidencia de hechos de violencia en el hogar y su efecto sobre la vida de las personas hace necesario establecer mecanismos de reproche que contribuyan en la contención de estas conductas por parte de quienes las cometen.

Es un tema que nos atañe a todos, pues sus consecuencias se ven reflejadas en el ámbito económico, político, social y de salud pública. En los estudios que ha realizado sobre este problema, el Banco Mundial ha dicho que "las violaciones y la violencia doméstica llevan a la pérdida de nueve millones de años de vida saludable (AVISA) por año en el mundo.

Solo ese dato debería servirnos para respaldar medidas como la que propongo en este proyecto de acuerdo.

La intención es que el Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar sea de obligatoria exigencia para las entidades del distrito, de tal manera que pese a la hora de incluir a las personas en sus nóminas, órdenes de prestación de servicios o cualquier modalidad laboral.