Las Comisarías de Familia, desde el año 2000, son los entes públicos encargados de emitir medidas administrativas judiciales de protección constituyen la puerta de acceso a la justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar.
Según la Ley 1098 del 2006 es El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia, en todo el país. Y con la Ley 2126 del 2021, es el Ministerio de Justicia y del Derecho establecerá los lineamientos para el diseño o rediseño institucional y deben garantizar la mejora en los procesos que permitan la atención integral y oportuna a las víctimas de violencia intrafamiliar.
Ahora que ha venido pasando, la demanda de medidas de protección contra la violencia intrafamiliar cometida por la pareja es alta en las ciudades más grandes, en el caso de Medellín, dónde los Comisarios de Familia no pueden mantenerse al día, sino que se ven obligados a programar las audiencias de medidas de protección definitivas para después de dos, tres o incluso cuatro meses.
Aunque Medellín cuenta con la cantidad de Comisarías que exige la ley para su población, no bastan para satisfacer la demanda de servicios. La demanda se distribuye de manera desigual en toda la ciudad. Siete de las veintidós Comisarías de Familia procesaron el 50% de los casos entre 2013 y 2015; 12 Comisarías manejaron el 75% de los casos.[1]
Bogotá ha adaptado su modelo de servicio para satisfacer mejor la demanda, aun así el número de Comisarías de Familia es insuficiente para que los Comisarios puedan tener una carga de trabajo razonable. Las Comisarías de Familia Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Rafael Uribe, procesan más casos que cualquier otra Comisaría en Bogotá.
Estamos en mora de implementar un plan de reforma, seguimiento y gestión de las comisarías de familia de Bogotá y todo el país para optimizar el trabajo en beneficio de la comunidad y facilitarles el acceso y transparencia a las personas a este servicio.
En un diagnóstico realizado por la Procuraduría General de la Nación, se evidenció que el 16% de las personas que llegan a las comisarías de familia no son competencia funcional o territorial. Eso significa que la gente no está informada de cuál comisaría le corresponde ni tiene orientación oportuna de cómo acceder a ellas.[2]
Son entre 25.000 y 33.000 los casos que deben atenderse al año y hoy falla la información, el monitoreo y el seguimiento de cada historia que llega a las manos de los comisarios y comisarías de familia de la ciudad.
Esta situación lleva a un deterioro en la calidad de la atención, porque, como lo demostró el estudio, hay personas que se demoran hasta tres horas, y eso afecta la oportunidad de la atención y la priorización de los casos más graves. El diagnóstico mostró que un usuario que expone un caso de violencia intrafamiliar se puede demorar en promedio 83 minutos, mientras que para asistir a una audiencia el tiempo promedio es de 102 minutos.
Se entiende que hay casos complejos, pero es fundamental que asistir a una comisaría no se convierta en una revictimización de las personas que llegan en busca de orientación, protección y seguimiento de sus situaciones intrafamiliares.
No podemos permitir, como lo mostró el estudio, que de 7,7 audiencias programadas solo se realicen 5,2, porque eso es negar la atención, eso es dilatar y con seguridad agravar los problemas y poner la vida en peligro. Necesitamos una reorganización urgente: reorganización, protocolos, sistemas de gestión, indicadores de seguimiento y orientación permanente a los usuarios de las comisarías.
He recibido múltiples quejas de ciudadanos y ciudadanas, respecto a demoras en la resolución de los tramites de acciones de violencia y otros asuntos que involucran Niños, Niñas y Adolescentes, así como de presuntas irregularidades que han impedido que algunos de estos menores de edad tengan contacto con sus padres o madres.
Con la intervención del Ministerio Público se ha podido evidenciar que en una Comisaría de la Ciudad, se viene múltiples quejas y acciones de tutela donde se han presentado custodias provisionales, en algunos casos basada en dictámenes periciales particulares ordenados como pruebas de oficio o solicitadas por los apoderados de algunas de las partes, en ambos casos a su costa.
En una localidad donde la población corresponde a todos los estratos sociales, incluidos los más altos, y esto ha desencadenado que las acciones de violencia intrafamiliar, los incidentes de incumplimiento e incluso las diligencias de conciliación de alimentos, custodia y visitas, se complejicen con la intervención de abogados que la mayor parte de las veces, terminan convirtiendo en la práctica un trámite en principio tutelar, sumario y breve, en procesos ordinarios, demorando el desarrollo de los mismos, con la tasita permisividad de la Comisaria de Familia, que dirige el proceso como juez de la causa.
Esperemos que con la nueva Ley 2126 sancionada de este año que dota de herramientas a las comisarías de familia se den garantías y su atención especializada e interdisciplinaria proteja los derechos de aquellas personas que estén en riesgo de ser víctimas de violencia en el contexto familiar.
Concejal de Bogotá
[1] «Comisarías de Familia de Medellín, en paro por falta de personal», en Noticias Caracol.
