Así lo evidenció el concejal de Bogotá Lucía Bastidas, quien presentó un informe de la contratación de la ciudad durante 2020, encontrando cifras alarmantes sobre los objetos de contratación y los montos pagados a organizaciones y personas por actividades que no eran coherentes con el momento que pasaba Bogotá de picos de contagio, restricciones y cuarentenas estrictas; y a un grupo de contratistas recurrentes, en los convenios de los Fondos de Desarrollo Local que recibieron millonarios recursos por actividades que buscaron desarrollar con sobrecostos y diferentes a su misionalidad.
La Alcaldía Local que más contrató en materia de recursos durante 2020, fue Kennedy con $66.732.873.383, mientras que la que suscribió más contratos fue San Cristóbal con 588; la que menos recursos destinó a contratación fue La Candelaria con $6.363.281.720 y la que menos contratos suscribió, Antonio Nariño con 199. La Contratación Directa fue la modalidad más recurrente con 5.855 contratos ($175.470 millones); pero para la que más recursos se destinaron fue para Urgencia Manifiesta con $191.351 millones en tan solo 68 contratos.
El Top 15 de los contratistas recurrentes en pandemia
En el panorama de la contratación que han hecho las alcaldías durante la pandemia se destacan una serie de organizaciones y personas naturales que han logrado hacerse a millonarios contratos, por ejemplo bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta en objetos relacionados con la atención de necesidades en el marco de la pandemia por el Covid-19.
Es así como, en recursos, el contratista estrella de las Alcaldías Locales es Compensar, con 2 contratos que suman $95.034 millones, con adición, por prestación de servicios para la recién creada estrategia EMRE (Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica), actuando como agencia de empleo para uno de los tres ejes: Empleo Local, que incluye Incentivos para el Empleo y Empleo de emergencia en 19 localidades. Cobrando alrededor de $500 millones por divulgación del programa y $714 millones por la gestión administrativa. Además de los valores por cada registro, contacto o formalización.
En segundo lugar de Top, con cinco contratos para logística de ayudas humanitarias por $71.501 millones está la Cruz Roja, seccional Bogotá Cundinamarca. En el convenio principal por $66.269.921.340 que buscaban la entrega de 524.710 ayudas para 2020, solo evidenció que se hubiera cumplido con 504.133, de abril a octubre, pero además, que cobró más de 3.900 millones por la administración de ese contrato. Alcanzando así un gran total de cobros por administración de $4.499.385.480. “¿Cuántas ayudas más se hubieran comprado y entregado o a cuántas más familias se hubiera apoyado con ese recurso?”, sostuvo Bastidas.
Y es que, al contrastar el valor en la compra de esas ayudas al por mayor, que indica que cada kit fue valorado en $118.719, con una compra al por menor de una de esas ayudas en un supermercado, fue claro que lo justificado excede lo real, pues cada kit resultó por $105.720; que con el total del contrato hubiera alcanzado para 626.844 ayudas, 102.134 más que las contratadas; pasando por alto la optimización de recursos y la austeridad en el gasto durante la emergencia.
Los contratistas multipropósito
La concejal de la Alianza Verde, durante el debate de control político y tras analizar la contratación correspondiente a 2020 registrada en Secop II, llamó la atención sobre las que denominó “empresas multipropósito”, esas organizaciones expertas en lograr contratos en varias localidades con objetos diferentes o múltiples entre una y otra.
Es el caso de la Asociación para el desarrollo integral de la Familia (ADISCOL), que está en el tercer lugar del Top con cinco contratos por $1.293 millones con las alcaldías de Chapinero, Fontibón y Barrios Unidos, para: ejecución de iniciativas deportivas y recreativas (cuando no había lugar a ellas por el aislamiento y la directiva que mantuvo los parques cerrados y las actividades deportivas sin permisos), pero también para acciones locales por el buen trato y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunales.
Seguida por FUNDESCO, una Fundación que contrató en Usme y Chapinero por $519 millones para diversas actividades como: compra de elementos, realización de actividades culturales y deportivas, desarrollo de circuitos de circulación cultural y patrimonial, entre otros.
Después está posicionado Carlos Alberto Pinzón Molina, uno de los mayores contratistas de las localidades en 2018, y que ahora para 2020 se hizo a dos contratos por $353 millones de pesos con Kennedy y Mártires para: compra de elementos logísticos y para la realización de encuentros ciudadanos.
Y el señor Miguel Ángel Vallejo que se hizo a siete contratos con Mártires, Usaquén, Tunjuelito, Usme y Fontibón, que aunque representaron solo $148 millones de pesos demostraron que con pequeños montos, esta persona logró con diversidad de acciones diferentes a su misionalidad, contratar con cinco localidades, al tiempo, con objetos que tampoco eran inherentes a la emergencia social y económica del momento.
Completan el top: Diago Benitez y S.A.S. con seis contratos, la Corporación Vientos del Porvenir con tres y con cuatro contratos, cada uno, en diferentes localidades están: Sandra Yineth Fajardo, Jorge Enrique Abreo, Centro Card LTDA, John Jairo López, Merly Johana García, Comercializadora ElectroCon S.A.S. y Proyectos Institucionales de Colombia S.A.S.
La concejal envió con este informe presentado en el debate de la Comisión de Gobierno, un llamado de urgencia a los entes de control de la ciudad para que enfilen esfuerzos frente a las irregularidades en la contratación de las alcaldías locales que orientan recursos a contratistas recurrentes, objetos no convenientes y sobrecostos de ejecución en una época en la que Bogotá necesita de la austeridad en el gasto para recuperar empleo y atender la crisis social en cada localidad, y que así como lo ha hecho la Fiscalía se adelanten los reportes y las indagaciones de caso para sancionar a aquellos que intentan jugar con los dineros de la ciudad.
