Con el propósito de buscar acciones que mitiguen las afectaciones que generan los bloqueos que llevan más de 20 días en diferentes zonas de la ciudad y con el interés de garantizar los derechos de quienes deciden no protestar en las calles, la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, interpuso una acción de tutela contra el Comité Nacional del Paro.
Para la concejal, los hechos violentos que se han suscitado en el marco de las protestas, “afectan a la gran mayoría de ciudadanos que no han encontrado protección a sus derechos fundamentales amenazados por cuenta de las manifestaciones que acuden a las vías de hecho, que exceden lo que involucra el derecho legítimo a la protesta y que ponen en grave riesgo, bajo amenaza, los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros”.
Dentro de los argumentos que expone Bastidas en su demanda, están: los bloqueos en vías principales que han impedido el paso de ciudadanos a sus trabajos, a citas médicas, e inclusive personal médico que no ha podido llegar a cumplir sus turnos en medio de la pandemia; la detención de ambulancias, algunas con pacientes a bordo; de vehículos de suministro de oxígeno medicinal, medicamentos o insumos, y de camiones con alimentos perecederos. “Estos excesos, escudados en el derecho a la protesta, han puesto en grave riesgo a la ciudadanía; es necesario que los diferentes líderes, agremiaciones y manifestantes en general, que convocan las marchas, promuevan el respeto al libre tránsito, por lo cual, se requiere de manera urgente que se le ordene a los integrantes del “comité del paro” y a las diferentes organizaciones ciudadanas, que en medio de su derecho a manifestarse, no impidan la movilidad relacionada con cualquier derecho fundamental”, señaló la concejal.
Y añadió: “Sobra decir, que en ningún caso se pretende que el juez constitucional afecte el derecho a la protesta, pero se requiere establecer un marco mínimo y unas exigencias para que cualquiera de nosotros, incluidos los promotores del paro, no terminen con alguna afectación a su vida o salud porque una ambulancia no logre atender una emergencia de salud por enfermedad, accidentes o cualquier origen o que en la grave situación por la pandemia algún paciente fallezca por el simple hecho que el oxígeno no fue suministrado a tiempo o un daño cerebral en algún paciente por falta de asistencia respiratoria, etc”.
La petición de la concejal, en representación de los ciudadanos que han resultado afectados con los bloqueos en las protestas, se resume en: “que se ordene a los accionados a que de manera inmediata realicen comunicados públicos y privados dirigidos a los manifestantes y demás participantes directos e indirectos de las protestas, en los cuales se exija el libre tránsito de personal médico, vehículos de transporte de insumos médicos, ambulancias, transporte de alimentos y destinados a bienes y servicios esenciales. Y, en segundo lugar, que los líderes del Comité del paro, promuevan ante la Alcaldía de Bogotá un diálogo enfocado exclusivamente a acordar unas reglas mínimas de las protestas que tienen lugar en la ciudad, en las que se establezca el libre tránsito y movilidad”.
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