Desde el Concejo de Bogotá, se interpuso una acción de Medio de Control de protección de los derechos e intereses colectivos, contra la Alcaldía de Bogotá con el fin de que se generen medidas cautelares para la protección de los recursos de la ciudad y evitar la innecesaria inversión que anunció la alcaldesa Claudia López para repintar los buses del componente zonal del SITP, a pesar de que ya están listos para entrar a prestar servicio a los bogotanos y que a través de un juez de la República se ordene que se pongan en funcionamiento.
De acuerdo con la concejal Lucía Bastidas, promotora de la acción a la cual se sumaron otros cabildantes como Andrés Forero y Carolina Arbeláez, “responde a la necesidad de resguardar los recursos de la ciudad cuando atraviesa su más grande crisis económica, a expensas de un capricho político que no tiene ningún estudio técnico o jurídico que lo valide, generando mayores gastos, bien sea a los concesionarios o al Distrito y por supuesto demoras en facilitar la movilidad de los ciudadanos”. Se trata de 371 buses del Sistema Integrado de Transporte Público adquiridos en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, bajo un proceso de selección abreviada de la empresa Transmilenio, que pretenden ser repintados. Los vehículos, llegaron importados de China de color azul, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se estipularon en el proceso de selección, tendrían que haber entrado en operación en el mes de septiembre y todavía siguen sin hacerlo a la espera de que por una nueva decisión de la Administración distrital, su color sea cambiado por verde.
Para la concejal del partido Alianza Verde, constituye un despropósito. Y aunque según las declaraciones de TransMilenio el costo no lo asume la ciudad o el Distrito, sino la empresa Enel-Codensa, cambiar de color cada bus tiene un valor de 9 millones de pesos aproximadamente lo que representaría cerca de 5.300 millones de pesos. “Es necesaria la intervención judicial para el presente caso, pues es perentoria la protección del patrimonio público, teniendo en cuenta que esta actividad se torna absolutamente innecesaria e inútil y la administración distrital no debe usar el erario para satisfacción de simples caprichos, como hacer cambiar el color de los articulados de Transmilenio por el color que más le guste a la administración de turno y sin justificación técnica alguna, a pesar que los articulados vienen con un catálogo entregado al fabricante y estos ya fueron fabricados y entregados con el color tradicional, sin que hayan sido utilizados aún. Si este es un tema de relevancia para la administración, debe hacerse con la debida planeación, de tal forma que no impliquen un gasto adicional y menos cuando esta variación no obedece a alguna necesidad por fútil que sea, pero como ya se indicó, simplemente se presenta por un deseo personal de la administración actual”.
En la acción popular de los concejales de los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y Centro Democrático, se indica que “en los casos en que no se da un manejo decoroso al erario, implica una afectación a la moral administrativa, por lo cual estos dos conceptos al verse amenazados se les debe brindar protección judicial inmediata…El patrimonio público debe protegerse por parte de la administración, y debe cuidarse como sagrado que es y no proceder a un gasto indiscriminado por el orden de los 5.300 millones de pesos, por un cambio caprichoso de color de unos buses que están recién entregados”
Y agregan: “Ahora bien, en la actualidad se presenta una emergencia económica y social generada por la pandemia COVID- 19, que obliga a la administración a tomar prioridades en la inversión para la actual agenda de ciudad que requiere atención inmediata, pues con el monto del posible detrimento se podría brindar seguridad alimentaria a cientos de familias a través de ayudas directas en alimentos o auxilios para la reactivación económica de quienes lo han perdido todo por la mencionada pandemia o incluso los afectados por los desmanes acaecidos en las últimas protestas ciudadanas, cuyas víctimas en algunos casos son comerciantes que intentando volver a sus actividades, volvieron a perderlo todo con los daños sufridos en estos eventos”.
