Cansados de enfrentar sin garantía ni acompañamiento alguno los actos vandálicos de las manifestaciones por el Paro Nacional en los alrededores de los Portales de Transmilenio Américas, Usme y Suba, los vecinos de esas zonas se unieron para interponer una tutela ante el Consejo de Estado exigiendo la protección de sus derechos y la reparación de los daños que persisten.
La acción, de la que hace parte como accionante, la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, otros integrantes de la Comisión contra el Vandalismo del Concejo de Bogotá y un grupo nutrido de vecinos de estas zonas, pretende que a los residentes que han sido afectados por daños materiales en su viviendas o locales, intimidaciones que afectan su salud mental, amenazas contra su vida, bloqueos que impiden su movilidad y su abastecimiento, hurtos y extorsiones durante las convocatorias citadas por el comité del Paro y lideradas por la Primera Línea, les sean amparados sus derechos a: una vida en condiciones dignas, a la dignidad humana, la seguridad personal, la propiedad privada, la salud e integridad, al mínimo vital y seguridad alimentaria, a la libre locomoción y a la libertad de expresión.
Dentro de los argumentos que exponen los vecinos del Portal Américas, está el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la manifestación violenta, el pasado 28 de abril y que ha deteriorado su calidad de vida y sus entornos. Estas quejas, las han dado a conocer en reiteradas ocasiones a: la alcaldesa Claudia López, a los alcaldes locales, a los delegados de la Secretaría de Gobierno, de Movilidad, Seguridad, IDRD, Dadep, Uaesp, entre otras, con compromisos que se han pactado ero que siguen sin cumplirse a seis meses de que iniciaron los disturbios.
Además aseguran que, “hemos sufrido noches de agravio, daños a nuestras propiedades, violencia, malos tratos, por parte de miembros de la Primera Línea que ingresan a nuestros barrios, a nuestros conjuntos y calles aledañas para generar disturbios, con quema de llantas, con el humo y los olores porque se dedican a consumir drogas, los que tenemos negocios no podemos trabajar porque nos roban, nos rompen vitrinas o nos amenazan. Dañan los contadores de servicios públicos y grafitean las fachadas de casas y negocios. Se roban las cámaras de seguridad de los conjuntos y los elementos de las obras que buscaban beneficiar al sector. Se han devaluado las propiedades, y otros vecinos han tenido que abandonar la zona por los constantes daños o por amenazas porque han sido identificados tras denunciar los hechos”. Toda esta situación recogida dentro de la tutela en más de 30 testimonios de víctimas del vandalismo.
Asimismo la acción aclara que, “en ningún caso se pretende que se afecte el derecho a la protesta legítima y pacífica, pero es necesario que se genere un marco mínimo y unas exigencias mínimas para que cualquiera de nosotros, respetando el derecho de los demás, no terminemos con alguna afectación a la vida o salud porque una ambulancia no logre atender una emergencia por enfermedad o accidentes, o que en la grave situación por la pandemia algún paciente fallezca por el simple hecho que el oxígeno no fue suministrado a tiempo o un daño cerebral en algún paciente por falta de asistencia respiratoria, etc, o ser agredido o violentado por el simple hecho de no compartir los motivos de bloqueo o violencia contra los bienes o personas. Tampoco puede ponerse en riesgo el mínimo vital por la imposibilidad de llegar a los trabajos o estar sometidos a caminatas eternas o el la dignidad humana, la seguridad personal, propiedad privada entre otros hecho de la indignidad que implica vivir en el miedo de los bloqueos”.
La petición de los ciudadanos, que además contempla medidas cautelares, se resume en: “que se ordene a los accionados, (presidente Iván Duque, alcaldesa de Bogotá Claudia López, el ministro de Defensa Diego Molano, el Director de la Policía Nacional y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez), que de manera inmediata adelanten las acciones legítimas para recuperar el orden público en los territorios afectados, incluso, contemplando la necesidad de militarizar estas zonas, pues han perdido control tanto las autoridades como la fuerza pública y que se cumpla con las reparaciones al espacio público y los compromisos pactados en temas de seguridad y convivencia”.
