El Concejal Cancino pidió investigar a fondo las actuaciones del Mayor Melquisedec Rojas, el Mayor Cocunuba y el Capitán Rodríguez, entre otros, no sólo frente al presunto homicidio del ciudadano venezolano, sino frente a la supuesta red delincuencial que estaría funcionando al parecer con complicidad de estos oficiales desde el CAI de Teusaquillo. Las denuncias fueron presentadas en debate de control político sobre seguridad en Bogotá al que estuvieron citados el Secretario Hugo Acero y el Subcomandante de la Policía Metropolitana, Coronel Necton Borja.
“El 24 de diciembre de 2019, Ismael José Caldera Belmonte, venezolano oriundo de Valencia, fue detenido por micro tráfico hacia la 1 de la tarde en la calle 48 con carrera 14 y conducido al CAI. Llaman a la esposa y le piden 300 mil pesos para liberarlo. La esposa llega a las dos horas, pero le dicen que Caldera fue trasladado a la Estación de Policía de Teusaquillo a la sala de detenidos. El personaje intenta escaparse, pero al parecer lo cogen, lo linchan, lo matan”, denunció el Concejal que pidió investigar lo que pasó en ese CAI el 24 de diciembre entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche.
Cancino señaló que de ser ciertas estas denuncias son absolutamente repudiables y condenables. “Es infame. El linchamiento es absolutamente injustificado y repudiable pero cuando viene del Estado es doblemente repudiable. Independiente de si el señor era culpable o no, en Colombia existe el debido proceso. El Estado no mata”, dijo
Cancino indicó que tiene información sobre una red delincuencial al parecer compuesta por policías de Teusaquillo y Galerías, que involucraría también al Mayor Rojas y otros, que cobra un millón de pesos semanalmente para permitir que las discotecas que funcionan entre la calle 51 y 53 con carrera 27 estén abiertas hasta las seis de la mañana. Añadió que existen denuncias de arreglos con un traficante de drogas que funciona en toda la esquina de la calle 53 con 27 con el alias de “Marco Perro”.
El Concejal de la Alianza Verde señaló que es urgente investigar las actuaciones de estos uniformados y plantear una reestructuración a fondo de la Policía: “Trabajar en un nuevo enfoque de seguridad basado en la cultura ciudadana haciendo pactos con la ciudadanía y no con la ilegalidad”, dijo.
“La primera obligación de una autoridad es respetar la ley. No es admisible que a nombre de la defensa del Estado de Derecho se violen los derechos de los ciudadanos. Cuando se violan los derechos humanos, cuando se viola la ley, es sancionable; pero cuando lo hace un policía es doblemente sancionable porque el policía encarna el Estado y debe proteger los derechos humanos y debe proteger la ley. Lamentablemente en Bogotá no está pasando eso”, señaló Diego Cancino.
Prensa Concejal Diego Cancino: 3202343806: Margarita Sarmiento
