Concejal Sandra Forero y la periodista Johana Moreno hacen un llamado a la Administración de Bogotá para actuar articuladamente contra la violencia hacia la mujer

Creado: Jueves 23 de enero de 2025

En el debate citado por la bancada del Centro Democrático sobre la ‘violencia contra a la mujer en Bogotá’, la concejal Sandra Forero Ramírez afirmó, que la violencia contra las mujeres en Bogotá está profundamente ligada a factores sociales, económicos y urbanos. Y demostró con cifras y estudios, que este círculo vicioso, donde la violencia se perpetúa, afecta no solo a las mujeres, sino también a la economía de la ciudad y al desarrollo de su sociedad.

Según datos de Salud Data con corte al 24 de septiembre de 2024, Bogotá ha registrado cifras alarmantes de violencia contra las mujeres:

  • violencia emocional 16,236 casos las localidades más afectadas en este ítem son: Kennedy (2,264), Bosa (2,118), Suba (2,109) y Ciudad Bolívar (2,079).
  • Violencia Sexual: 6,018 casos las localidades más afectadas: Kennedy (872), Bosa (847) y Suba (733).
  • Violencia Física: 6,410 casos, las localidades más afectadas: Kennedy (892), Bosa (786) y Suba (832).
  • Violencia por Abandono: 515 casos las localidades más afectadas: Kennedy (90), Bosa (81) y Suba (77)
  • violencia por negligencia: 3,693 casos, las localidades más afectadas: Ciudad Bolívar (663), Bosa (523) y Suba (510).
  • Violencia Económica: 918 casos las localidades más afectadas son: Suba (158), Kennedy (143) y Bosa (106).
  • Entre enero de 2020 y septiembre de 2023, la Línea Púrpura ha atendido 238.075 y un total de 16.690 fueron transferidas directamente a la línea 123

La cabildante también expuso cifras de desigualdad de género en Bogotá: En términos de empleo, la tasa de desempleo femenina es del 10.2%, superior a la de los hombres, que es del 7%. Además, solo el 56.1% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas, frente al 73% de los hombres, lo que agrava la desigualdad económica y social, generando un caldo de cultivo para la violencia de género.

Forero afirmó que, esta situación también tiene un impacto directo en la economía de la ciudad, pues, según el FMI, la violencia doméstica reduce la productividad de las mujeres y su participación en la fuerza laboral, afectando negativamente el crecimiento económico a largo plazo. Además, los costos derivados de la atención de las víctimas en el sistema de salud y judicial representan una carga adicional sobre las finanzas públicas.

La violencia en el espacio público es otro desafío importante para las mujeres en Bogotá. De acuerdo con la Veeduría Distrital, más del 57% de las mujeres en la ciudad se sienten inseguras en los espacios públicos, y un 25.4% reporta haber sufrido acoso en parques. En 2024, se registraron más de 45,000 robos a mujeres en el espacio público. Esta situación limita la libertad de las mujeres para disfrutar de la ciudad y afecta directamente su bienestar emocional y su calidad de vida, aseguró la cabildante.

La concejal abanderada de la vivienda, afirmó que un aspecto clave para romper el círculo de violencia es el acceso a una vivienda digna. Las mujeres cabeza de hogar que accedieron a viviendas formales a través de programas como Mi Casa Ya han experimentado mejoras significativas en su calidad de vida, seguridad e ingresos.

Es en este contexto invitó a Johana Moreno, periodista deportiva y directora de la fundación ‘No más Voces Silenciosas’, quien hizo un llamado a la administración y al estado Colombiano: “Actualmente, en muchas instituciones y entre algunos funcionarios de las comisarías de familia, del ICBF y de los juzgados de familia existen deficiencias en términos de preparación y actualización. Por ello, es necesario que se implemente un proceso de capacitación continua sobre violencias y perspectivas de género, para garantizar que estén al tanto de los avances normativos y científicos en estos temas. Posteriormente, y no menos importante, es fundamental que estos funcionarios sean auditados y evaluados regularmente para asegurar que sus decisiones estén alineadas con la normatividad vigente y con un enfoque respetuoso de los derechos humanos”.

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