- Retrasos, sobrecostos, baja ejecución presupuestal y un modelo fiduciario cuestionado marcaron las principales alertas expuestas por los cabildantes durante el debate.
- Concejales de distintas bancadas pidieron revisar el esquema de operación de la entidad, fortalecer el control público y garantizar que la renovación urbana genere impacto social real sin desplazar comunidades.
La Comisión Primera del Concejo de Bogotá realizó un debate de control político sobre la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RenoBo), a partir de la proposición priorizada No. 1127 y su aditiva No. 1214, citado por el concejal Rubén Darío Torrado Pacheco, del Partido de la U.
El concejal Rubén Darío Torrado presentó un balance crítico de la gestión de la empresa, al advertir debilidades en la planeación, la ejecución presupuestal y la administración de los recursos públicos. Señaló bajos niveles de ejecución, con altos compromisos adquiridos pero mínimos giros efectivos, lo que —dijo— evidencia fallas en la materialización de los proyectos.
Incumplimientos
Torrado advirtió sobre el incumplimiento de metas en vivienda VIS y VIP y señaló que, pese a los anuncios oficiales, en 2025 no se promovieron soluciones habitacionales, mientras persiste un alto déficit en la ciudad. Además, cuestionó el uso extendido de la administración delegada y fiducias, al considerar que este modelo reduce el control público, encarece los proyectos y favorece a operadores privados sin resultados proporcionales para Bogotá.
El concejal Torrado también expuso múltiples proyectos con retrasos, prórrogas y sobrecostos —como el Distrito Creativo Bronx, la Alcaldía Local de Los Mártires, el Centro de Talento Creativo del SENA, Voto Nacional y San Bernardo–Tercer Milenio—, que presentan incumplimientos en cronogramas, fuertes adiciones presupuestales y resultados parciales o inexistentes. Indicó que varios acumulan años de atraso mientras siguen generando altos costos en interventorías, arriendos, vigilancia y mantenimiento de predios sin uso.
Alerta sobre hallazgos financieros
En gestión financiera, Torrado alertó sobre hallazgos fiscales y pérdidas patrimoniales, como la venta de predios públicos por debajo de su valor comercial y el pago de altas comisiones fiduciarias y gastos administrativos. Añadió que RenoBo mantiene recursos inmovilizados por años en patrimonios autónomos sin ejecución, mientras el Distrito sigue asumiendo elevados costos de arriendo para oficinas, pese a que el nuevo Centro Administrativo Distrital solo entraría en operación hacia 2031.
Finalmente, el concejal concluyó que el modelo de operación de la empresa ha derivado en una gestión ineficiente, con débil control institucional y resultados limitados en renovación urbana. Por ello, llamó a revisar el esquema de administración, fortalecer la planeación y ejecución directa, y garantizar mayor transparencia para que los recursos públicos se traduzcan en proyectos concretos para la ciudad.
Cuestionamientos del cabildo
Por su parte, la concejal Sandra Forero (Centro Democrático) advirtió serias dudas sobre la administración del Fondo de Compensaciones Obligados (FCO) por parte de RenoBo, al señalar que una parte significativa de los recursos permanece sin asignar y que el gasto se ha concentrado en estudios y planeación, sin traducirse en soluciones efectivas de vivienda VIS y VIP.
Forero agregó que la gestión de la empresa evidencia mucho estudio y poca ejecución, con metas del Plan de Desarrollo rezagadas y proyectos como La María frustrados por fallas de planeación jurídica y predial, lo que —dijo— refleja dificultades para convertir recursos públicos en resultados concretos.
El concejal Fabián Andrés Puentes Sierra (MIRA) lanzó serias alertas sobre la gestión de RenoBo, al señalar fallas en la planeación y en la integridad de la contratación. Con base en informes de la Contraloría, cuestionó la selección objetiva de contratistas, la anticipación de decisiones en estudios previos y la falta de rigor técnico, hechos que han derivado en hallazgos administrativos con posible incidencia disciplinaria.
Puentes también enfatizó los problemas de transparencia, rendición de cuentas y protección del patrimonio público, al advertir deficiencias en la publicación de contratos, pagos e informes en SECOP II, así como riesgos fiscales derivados de decisiones contractuales que afectan el valor de los bienes públicos. Finalmente, formuló recomendaciones para fortalecer la planeación, depurar la información contractual, revisar el modelo de colaboración empresarial y adoptar políticas efectivas para inmuebles públicos sin uso.
Coordinación institucional
Así mismo, el concejal Óscar Fernando Bastidas Jacanamijoy (MAIS) cuestionó si la gestión de RenoBo está cumpliendo su propósito de revitalizar Bogotá para la ciudadanía o si, por el contrario, reproduce un modelo con graves falencias. Señaló problemas de coordinación interinstitucional, debilidad en la protección ambiental vinculante, escasa incorporación del patrimonio cultural y una participación comunitaria insuficiente, al advertir que las actuaciones estratégicas y la adjudicación de contratos podrían favorecer la especulación inmobiliaria y el desplazamiento indirecto de comunidades.
El concejal José Cuesta (Colombia Humana) cuestionó el Hito 1 del esquema fiduciario del proyecto San Victorino, al señalar que desde su fase inicial se trasladó el control a un privado mediante la fiduciaria, con pagos anticipados y recomposición de derechos a favor del desarrollador sin garantías claras de ejecución. Advirtió que este diseño reduce el control público, debilita la planeación y expone a la ciudad a riesgos de opacidad, retrasos y sobrecostos en un proyecto estratégico.
La concejala Ana Teresa Bernal (Colombia Humana) advirtió que la gestión de RenoBo responde a un modelo de renovación urbana subordinado a intereses de mercado, más que a una transformación social integral. Señaló que este enfoque privilegia a actores privados, debilita la participación ciudadana y pone en riesgo barrios históricos como San Bernardo, al propiciar procesos de gentrificación y desplazamiento.
Bernal cuestionó si la empresa actúa como una verdadera herramienta pública o como un gestor de oportunidades inmobiliarias, y cerró exigiendo una renovación urbana que no expulse ni excluya, con criterios claros de impacto social, control público y participación efectiva de las comunidades.
Agotado el orden del día, se dio por finalizada la Comisión que puede ser consultada en el canal de YouTube del Concejo: https://www.youtube.com/watch?v=SXrN6fvRldY
