¿POR QUÉ NO HACER DE TRANSMILENIO LA EMPRESA DE LOS CAPITALINOS?
Títulos para financiar III Etapa
El Concejal Javier Palacio se pregunta cuáles son las verdaderas razones por las que el gobierno distrital anuncia la emisión de títulos para financiar la III fase de Transmilenio y de ser necesario financiarlo a través de la política pública de Transporte Urbano, por qué no hacerlo con acciones disponibles al público y así hacer democrática y participativa la empresa.
Con el anuncio de que Transmilenio colocará títulos por valor de hasta $450 Mil Millones de pesos para lograr recursos que permitan financiar la III Fase del Sistema, el Concejal Javier Palacio Mejía, del partido de la U. llama la atención sobre varias inquietudes que le genera esta medida.
La primera tiene que ver con que en los debates de control políticos que se le han adelantado en el Cabildo Distrital a Transmilenio, la administración capitalina siempre aseguró tener las cuentas claras y los recursos ya logrados, más aún cuando en el CONPES 3093 del 2000 la Nación se comprometió a financiar, bajo la figura de vigencias futuras, la construcción del proyecto Transmilenio hasta el 2016, en un 70%. Para esto el distrito ha estado recibiendo anualmente los recursos que para 2008 fue de $250 Mil Millones.
Según este porcentaje, el Distrito Capital debería aportar el 30% restante, que equivale a $100 Mil Millones de Pesos... entonces ¿por qué se busca financiación por 300 Mil Millones y hasta 450 Mil Millones de Pesos? cifra que finalmente es un crédito más y por el que habrá que responder en el futuro. ¿Será que el gobierno de Samuel Moreno está admitiendo de alguna manera un desequilibrio financiero?
"Estamos tras la huella de cuáles han sido los costos reales de Transmilenio en cada una de sus fases y si el costo es mayor al proyectado, entonces que la administración nos explique las razones de este hecho, dado que esos sobre costos afectan gravemente las reservas de recursos que se utilizarán para construir las próximas fases" señalo el Concejal Palacio Mejía.
La segunda inquietud es, si la financiación de esta fase se plantea bajo el marco legal y de política pública en materia de Transporte Urbano, que propone la captación de recursos para la financiación de estos proyectos, mediante productos financieros transables en el mercado de capitales ¿por qué mediante la titularización y no mediante la emisión de acciones al público para hacer democrática y participativa la empresa?
Una administración que ha proclamado que su principal reto es hacer de Bogotá una ciudad de derechos e incluyente, debería entonces seguir el ejemplo de la Empresa de Energía de Bogotá y de Ecopetrol y permitir que el maestro, las amas de casa o cualquier capitalino tengan acceso a través de acciones, en un proceso social y participativo. El hecho, como lo anuncian los medios económicos especializados, de que los títulos locales tendrían un valor nominal de diez millones de pesos cada uno para las series denominadas en pesos y cien mil unidades UVR para las denominadas en ese indicador, apartan de lejos ese propósito incluyente.
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