El presidente Santos descubri� el agua tibia al reconocer la existencia del conflicto armado interno. As� parece. Pero esta declaraci�n tiene una importancia singular. Por lo pronto, define conceptualmente la Ley de Victimas a punto de ser aprobada en el Congreso de la Rep�blica y precisa el alcance de sus beneficiarios.

Tambi�n corrige la definici�n equivocada que se impuso tercamente en los ocho a�os de Uribe. �Amenaza terrorista� dec�an los voceros gubernamentales. Una caracterizaci�n nada original importada del discurso de George Bush luego de los atentados del 11 de septiembre. Y una consigna agitada h�bil y oportunamente como respuesta a las tropel�as de una guerrilla que rompi� todos los l�mites de la guerra o al desencanto de la opini�n p�blica por el fracasado �Cagu�n�.

Siendo justos con la verdad hay que recordar que Uribe us� est� definici�n especialmente para referirse a la insurgencia guerrillera y para ocultar su naturaleza pol�tica. Con los paras fue m�s benigno y menos descalificador. Mientras arreci� la guerra en el sur contra las Farc, abri� un espacio de negociaci�n en el norte, en Santa Fe de Ralito, con las AUC. Conjurar la �amenaza terrorista� fue un c�modo argumento para elevar exponencialmente el gasto militar, eliminar cualquier posibilidad de di�logo con las guerrillas para la liberaci�n de los secuestrados o para un� acuerdo de paz, y lo m�s grave, desconocer a millares de v�ctimas producidas por agentes del Estado. Corrieron r�os de tinta en discursos y documentos oficiales para afirmar que reconocer la existencia del conflicto armado equival�a a conceder estatus de beligerancia a la insurgencia guerrillera. Para asustarnos nos dec�an que era graduarla de otro Estado en nuestro propio territorio.

Nada m�s equivocado. El Protocolo II de 1997 adicional a los Acuerdos de Ginebra suscrito por el Estado Colombiano e incorporados a nuestra legislaci�n, es el principal marco de regulaci�n de los conflictos armados. Establece los l�mites entre combatientes y poblaci�n civil y ordena la aplicaci�n del Derecho Internacional Humanitario. Cuando cualquiera de los bandos, guerrilla, paramilitares o Estado en este caso, traspasa los l�mites e infringe el DIH, hay una responsabilidad penal de los autores y una obligaci�n de los Estados a reparar las v�ctimas. Si no, la comunidad internacional est� facultada para hacerlo.

En rigor, el Protocolo no obliga a dar estado de beligerancia a nadie. Aclara la existencia de un conflicto armado cuando se produce �un enfrentamiento entre el Estado y fuerzas armadas disidentes que posean un mando responsable y ejerzan un control territorial para realizar operaciones militares�. Y subraya la aplicaci�n de las normas del Derecho Internacional Humanitario, es decir, la protecci�n de los civiles en medio de las hostilidades.

Reconozcamos que Uribe invit� a repensar la naturaleza del conflicto armado. Que nos ayud� a diferenciar entre las motivaciones originales t�picamente pol�ticas de las guerrillas y su innegable degradaci�n reciente. Pero no fue una invitaci�n acad�mica. Se convirti� en pol�tica oficial y en una ideolog�a que a�n hoy ofende nuestra inteligencia. Para fortuna de las victimas Santos decidi� descubrir el agua tibia.