Secretario de Educación, Ricardo Sánchez, reconoció que la contratación fue vulnerable.
En un debate en el Concejo, Sánchez Ángel se refirió al polémico convenio firmado el 28 de diciembre del año pasado, por el subsecretario de Educación, Jorge Torres, con la Red Alma Máter, por 20 mil millones de pesos y para capacitar a 18 mil directivos y docentes de Bogotá.
EL TIEMPO denunció hace dos semanas que el contratista repartió cartillas a los docentes, que resultaron con contenidos idénticos a textos de hace 18 años, lo que levantó una oleada de críticas entre docentes y expertos de educación en el país.
En el debate en el Concejo, citado por el concej,al Antonio Sanguino del Partido Verde, Sánchez dijo que procederá a caducar el contrato, si se comprueba que Alma Máter incumplió con sus obligaciones, como lo han afirmado expertos de la talla de Francisco Cajiao o Yolanda Reyes.
"Ese contrato fue inconveniente y no debió firmarse. Me declaro indignado", dijo Sánchez Ángel.
Ese contrato, además, se firmó de manera directa, mediante la figura del convenio administrativo, y algunas fuentes en la Contraloría Distrital y la Personería, órganos que ya investigan el tema, sostienen que debió hacerse por contratación.
En este punto, los investigadores buscan determinar qué papel jugaron Camilo Andrés Rodríguez Remolina, director de contratación de la Secretaría de Educación en diciembre del 2010; Claudia Mónica Cabezas Vargas, jefe de la oficina de contratos, y las abogadas Heiddy Gutiérrez Rodríguez y Clara Posada Rivera.
"Aquí debió hacerse mediante una licitación", sostuvo Sánchez Ángel, quien le pidió a la Fiscalía determinar si Alma Máter incurrió en algún delito al entregar cartillas viejas para los maestros.
El concejal Sanguino señaló: "El secretario me ha confirmado que si Alma Máter no atiende los requerimientos del Distrito, procederán a liquidar el contrato".



