No hablo de erotismo, pero me sirve el smil. Una eleccin es el clmax de una democracia. Es el momento culmen de participacin poltica de los ciudadanos que les permite elegir sus gobernantes y sus representantes en cuerpos colegiados. O decidir sobre asuntos cruciales de la vida en sociedad, cuando se trata de un plebiscito o un referndum. Es el instante en el que una sociedad construye mayoras y minoras polticas. Y luego, la otra gran prueba democrtica est en el reconocimiento de esas mayoras. Y sobre todo, en el respeto pleno que los ganadores le quedan debiendo a las minoras.
Las elecciones locales que acaban de suceder nos ofrecen un nuevo mapa poltico de mayoras y minoras. Tanto en cada municipio o departamento, como en la geografa poltica nacional. Tambin nos revelan los enormes desafos de los nuevos gobiernos territoriales y de la institucionalidad poltica local. En concurrencia, claro est, con el Gobierno Nacional.
Superar la presencia de mafias de todo tipo en la vida pblica resulta una tarea tan prioritaria como difcil. Los contratistas corruptos y el paramilitarismo reciclado en las bacrim merodearon las elecciones que acaban de suceder en un porcentaje importante de municipios y departamentos. As lo denunciaron tanto la Misin de Observacin Electoral como la Corporacin Nuevo Arco Iris. Y ello puede constituir un trauma de nacimiento para la gobernabilidad territorial. Y el cartel de la contratacin de Bogot nos demuestra que ello no es una realidad exclusiva de municipios y regiones apartadas.
Los nuevos gobiernos locales y sus corporaciones pblicas no podrn tampoco evadir su papel en la aplicacin de la ley de vctimas y restitucin de tierras. Asunto de prioridad en la agenda del gobierno nacional. Y condicin imprescindible para atacar las races de nuestras violencias cruzadas y avanzar al postconflicto. Y una enorme posibilidad para la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Pero de nuevo las mafias y las estructuras criminales sern un dique de contencin al compromiso de los nuevos Alcaldes y Gobernadores con los plenos derechos de las vctimas.
Por supuesto que convertir los gobiernos territoriales en un eslabn fundamental de un proyecto de reconciliacin nacional, no los exime de su responsabilidad en asegurar la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos. Y para ello deben proteger y ejecutar eficazmente los recursos pblicos. Y ejercer cotidianamente la democracia, ese seductor y complejo juego de mayoras y minoras. Solo que ahora, las agendas locales tienen en la atencin de las vctimas y la restitucin de las tierras usurpadas violentamente un punto de encuentro con las urgencias del pas.
Si lo quieren, los gobernantes pueden asumir estas apuestas de la mano del gobierno nacional. Y de la comunidad internacional que est ac precisamente por las vctimas del conflicto. Y de las organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los derechos humanos y la limpieza de nuestra democracia. Y hasta de las directivas nacionales de buena parte de los partidos polticos que en esta coyuntura fueron ms cuidadosos en la expedicin de avales y prometen un mayor compromiso para enfrentar las mafias.
Por Antonio Sanguino
