En momentos en los que los ciudadanos siguen sin la posibilidad de tener una sola tarjeta de pago para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), algunos concejales de la capital hicieron fuertes críticas al consorcio Recaudo Bogotá (encargado de la Fase III de Transmilenio y de los nuevos buses) debido a la información que ha requerido a los usuarios de la nueva tarjeta personalizada “TuLlave Plus”.
Para el concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino, resulta sospechoso el hecho de que Recaudo Bogotá solicite a los ciudadanos que diligencien el formulario donde deben aportar datos personales como su dirección de residencia, teléfonos, correo electrónico, ocupación, lugar de trabajo, entre otros, en la página web www.sitpbogota.com.
Sanguino añade que este hecho constituye una violación al derecho a la privacidad y es preocupante no saber cuál va a ser el uso que le va a dar el consorcio a esta información reportada por los ciudadanos. “En ningún sistema de transporte público del mundo se exige información adicional al nombre y documento de identificación para acceder a los sistemas de metro o similares al Transmilenio”, explicó el funcionario.
La concejal progresista Angélica Lozano coincidió en la denuncia de Sanguino. Ella explica que la gravedad de la situación tiene que ver con el hecho de que la información solicitada por TuLlave sea obligatoria y no opcional (como lo reglamenta la ley) y asegura que es evidente que muchos de estos datos “están encaminados a estructurar futuros negocios privados que le den alta rentabilidad”.
El asunto del uso de información privada de los usuarios resulta preocupante cuando se sabe que hay una tendencia en la que algunas empresas hacen uso de bases de datos de sus usuarios para hacer publicidad en sus negocios, y en algunos casos, para venderlas a otros.
Este diario consultó a Andrea Lawson, representante del consorcio Recaudo Bogotá, quien explicó que las condiciones de uso de la tarjeta TuLlave Plus se elaboraron conforme a la ley del Habeas Data. Agregó que como una forma de protección de los derechos de privacidad de la ciudadanía, se decidió que en el formulario (impreso y digital), el usuario tenga la posibilidad de autorizar o desautorizar el uso de dicha información para otros fines, sin que eso interfiera con la intención de acceder a los beneficios de la tarjeta.
Sin embargo, Lawson aclara que “hemos detectado que la página www.tullaveplus.com, que está en modo de pruebas, erradamente está requiriendo todos los campos y se están tomando los correctivos necesarios para que sólo se requieran los campos obligatorios”.
Respecto a las razones que motivaron el requerimiento de los datos personales a los usuarios, la representante de Recaudo Bogotá aseguró que esto se debe a que la administración distrital ha mostrado interés en ofrecer servicios a grupos vulnerables. Así, dice Lawson, “nos hemos basado en la directiva 22 del 2011 para formular los campos acorde a la estandarización para la captura de información que ha dispuesto el Distrito para de todas las entidades públicas de la ciudad”. Lawson agrega que de esta manera, la tarjeta tiene el potencial de prestar otros servicios a la ciudadanía, como el acceso a los servicios de las Bibliotecas Públicas o comedores comunitarios.
Por lo pronto, el concejal Sanguino reclamó que el Distrito se pronuncie para evitar que la información sea usada de forma irregular. Lozano, reiteró que ante la situación es urgente establecer una figura que haga las veces de defensor del usuario de transporte, que haga veeduría a este tipo de casos.
Lo cierto es que estas críticas se convierten en otra piedra en el zapato para el consorcio, que ya ha recibido señalamientos en su contra debido a las dificultades para que su nueva tarjeta sea compatible con la de la empresa Angelcom, que se utiliza en las Fases I y II de Transmilenio. Un tema por el cual los capitalinos tendrán que utilizar dos medios de pago, al menos por tres años.
