Concejo de Bogotá
CONSTRUCCIÓN EN ANTEJARDINES: ENTRE LA CONTROVERSIA JURÍDICA Y EL DRAMA HUMANO
De acuerdo al Concejal liberal Jorge Ernesto Salamanca Cortés, este tema trascendió de ser un problema urbanístico, hasta convertirse en una controversia jurídica con un drama humano que compromete el patrimonio, la tranquilidad y la estabilidad familiar de cerca del 33,6% de los predios en la ciudad cuyas áreas de antejardín fueron construidas, es decir, más de 85 mil residencias y que afecta aproximadamente a 500 mil habitantes.
Luego de un debate de Control Político liderado por el Concejal, se demostró la abismal diferencia entre las disposiciones legales y normativas, con la realidad en el crecimiento y desarrollo urbanístico de Bogotá. Si bien esta situación no es exclusiva de la Capital del país, es clara la omisión por parte de las autoridades distritales y locales en la verificación y control que les compete, la complacencia de las curadurías urbanas al momento de expedir las licencias y el desconocimiento del marco jurídico por parte de la comunidad. NO BUSCAMOS CON ESTO QUE SE INICIE UNA DEMOLICIÓN MASIVA DE ESTAS ÁREAS, PUES ESTA PROBLEMÁTICA NO SE RESUELVE DESDE LO POLICIVO, TODO LO CONTRARIO, PROPONEMOS ADELANTAR ACCIONES DE REFORMA LEGAL, CONSTITUCIONAL Y NORMATIVA, SI ES EL CASO.
En sus propias palabras afirmó: “En medio de una información desarticulada e incompleta obtenida desde la Administración, cerca de 3.000 querellas se adelantan en las Alcaldías Locales, Secretaría de Gobierno y Consejo de Justicia por contravenciones urbanísticas en áreas de antejardín”… Esta sociedad le brinda todo tipo de oportunidades y garantías a quienes cometen graves delitos que atentan contra la vida, el orden público y la integridad física y emocional de las personas; sin embargo, en el caso de la construcción y uso de antejardines, no se tiene una alternativa distinta a la sanción de demolición e incluso la imposición de multas sucesivas en primera instancia, sin tener en cuenta que cerca del 80% de estos barrios se configuraron antes de la existencia de normas claras en ordenamiento territorial y urbanismo”. Todos aquellos que adelantan una actividad comercial en estas áreas generan mayores rentas fiscales para la ciudad por una mayor área construida de la vivienda y además pagan impuesto de industria y comercio a través del régimen simplificado.
El Concejal Salamanca reclamó un mayor liderazgo y presencia de las Secretarías Distritales de Gobierno y de Planeación, al exigirles su deber de construir un Proyecto de Ley que modifique la Ley 388/97 de Ordenamiento Urbano, el Decreto Nacional 1504 de 1998 sobre el manejo del espacio
público en los planes de ordenamiento territorial y el Decreto 1469 de 2010 sobre licencias urbanísticas. Según el Cabildante, se debe conciliar de manera definitiva, el interés general y la preservación de un ambiente sano, con la dinámica económica, las condiciones de seguridad y la protección del patrimonio; toda vez que el carácter de espacio público reviste la imprescriptibilidad y se convierte en una amenaza constante para estas familias.
La preocupación expresada desde el Concejo Distrital llevó a que la Defensoría de Espacio Público contratara en el año 2007 un estudio sobre la materia que tomó una muestra de 1009 predios en 30 barrios de la ciudad. En este orden de ideas, el Concejal Salamanca estima que esta problemática abarca más de 300 barrios y alrededor de 85 mil viviendas, en cuyo diseño original preveía áreas de antejardín que hoy están construidas. El uso más frecuente es residencial con el 64%, mayoritariamente como garaje, y el 36% restante se distribuye en comercial y otros (dotacional, educativo, salud, institucional). El 52% de los casos corresponde al estrato 3, el 32% al estrato 4 y el 16% restante a los estratos 5 y 6. Sobre este mismo tema, concluye el estudio de la Defensoría, que el 66,4% restante de los predios donde no se construyó en área de antejardín, no todos cumplen con la normatividad establecida.
El Concejal Salamanca propone que las Secretarías de Planeación y de Gobierno, junto con los Concejales y Representantes de Bogotá, presenten una propuesta que le retribuya a los entes territoriales municipales, distritales y al país, el reconocimiento del derecho colectivo al espacio público, pero también valoren la realidad en la consolidación urbana, ofreciendo a los propietarios infractores, la alternativa de retribuir a través de tasas, la adquisición de nuevos espacios públicos, áreas de espacio verde y una mayor cobertura arbórea en sus propias localidades. (Ver Proyectos de ley 255/07, 082/07 y 068/09).
Por su parte, el IDU debe responsabilizarse de formular proyectos integrales para el uso temporal del espacio público en antejardines sobre ejes comerciales y de servicios, como ya ocurre en sectores como el Parque de la 93, Zona Rosa, Punto G, Calle 116, entre otros, conforme al Decreto Distrital 1120 de 2000.
