El sistema de salud pública de Bogotá por iniciativa del gobierno, atraviesa por una grave crisis, que evidencia los problemas que se presentan en calidad, oportunidad y descentralización del servicio. Por el contrario, la Secretaría Distrital de Salud afirma que se ha reducido en un 30% el hacinamiento del servicio de urgencias en los hospitales.
Conviene recordar que con la reorganización del sector salud en Bogotá, aprobada mediante Acuerdo Distrital 641 de abril de 2016, se profundizó la crisis que impactó negativamente en la prestación del servicio de salud principalmente en cuatro aspectos:
Se deja de priorizar el modelo de promoción y prevención de la enfermedad por un modelo atención tardía, lo que ha repercutido en el incremento de la mortalidad de niños y niñas por desnutrición y enfermedades respiratorias.
Se promueven barreras de acceso a los servicios de salud al reemplazar los CAMI (Centros de Atención Médica Inmediata) por CAPS (Centros de Atención Prioritaria en Salud), donde se suprimieron servicios de hospitalización de urgencias. Tal es el caso del CAPS del Olaya, el cual se encuentra parcialmente clausurado y cuenta con 14 camas en desuso.
Respecto a los 10 nuevos CAPS, fue posible establecer que para el CAPS complejo Hospitalario San Juan de Dios, no existe la obra y aún no ha iniciado. En cuanto al CAPS Kennedy, su estado de avance en obra es mínimo.
En resumen, de los 10 nuevos CAPS que se han anunciado, dos de ellos no son realidad y los otros ocho funcionan en las mismas instalaciones de los antiguos CAMI, suprimiendo los servicios de hospitalización en el área de urgencias y otras especialidades médicas que antes existían.
Los servicios de urgencias se encuentran desbordados, carentes del número de camas hospitalarias necesarias para atender la creciente demanda, y las existentes se encuentran en muy mal estado. Más aún, se hallan pacientes hasta con tres días sin definir su diagnóstico y sin suministro de alimentos.
Cabe resaltar, que los casos más preocupantes de dichos servicios se presentan en los Hospitales Santa Clara, Kennedy, Engativá, Tunal y Simón Bolívar, donde según se comprobó el 29 de enero de 2017 los problemas de hacinamiento continúan. No hay una optimización de los servicios, ni una mejor atención al usuario.
Esta reforma trajo consigo consecuencias nefastas para los usuarios de la red pública Hospitalaria en el Distrito, puesto que le restó autonomía a los 22 hospitales, concentrando la gestión financiera, contractual y administrativa en 4 subredes.
Igualmente, se eliminó la figura de gerente de hospital nombrado por meritocracia, para dar paso a nombramientos de manera directa (a dedo). "El propósito de dicha reforma era eliminar las barreras de acceso para los usuarios" y lo que se ha evidenciado con la "reorganización" del sector salud es un mayor nivel de congestión en la red hospitalaria, como lo concluye el informe de la Defensoría del Pueblo realizado en el II semestre del 2016, el cual describe que existe una saturación en la demanda y hacinamiento de los servicios de urgencias, caso concreto el Hospital El Tunal que presenta un mayor riesgo en ocupación con una capacidad total instalada para 24 camas de observación y un total de atención de pacientes de 140 , lo cual sobrepasa su capacidad en un 583%.
Por último, sobre la construcción de seis nuevos Hospitales en Bogotá, como lo señala el informe de gestión, deja ver que la construcción de la infraestructura Hospitalaria le apostará al modelo de financiación por APP (Asociaciones Público Privadas). Los grandes interrogantes son: ¿Existen estudios previos por parte del gobierno Distrital para dicho fin? ¿Cuándo se pondrán en funcionamiento estos hospitales? Con este escenario, se puede percibir que Peñalosa dejará todo listo para que los privados alcancen sus intereses económicos administrando la infraestructura hospitalaria construida con recursos públicos.
