La decisión tomada por la Alcaldía de Bogotá de revivir un polémico contrato del 2010 que estaba liquidado para modernizar las luces de los viejos semáforos de la ciudad, promete salpicar directamente al alcalde Gustavo Petro y a su exsecretaria general Susana Muhamad, hoy a cargo de la cartera de Ambiente.
Por un lado, el hecho de que Petro haya estampado su firma en el llamado contrato de transacción –firmado el 27 de diciembre del 2013– ya es una prueba que tiene la Procuraduría en contra del mandatario. (Lea también: Concejo de Bogotá cuestionó contratos de la Secretaría de Movilidad).
La firma del Alcalde figura en dicho documento de cinco páginas, conocido por EL TIEMPO, y está junto a la del saliente secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, y a la de Luis Mario Varón, representante legal de los contratistas (una unión temporal conformada por las firmas Protección Industrial, Multipartes y Korea Electric Traffic).
Con su rúbrica –que según explica el documento era necesaria para revivir el cuestionado contrato– el alcalde Petro le dio vía libre a la decisión, que ahora está en la ‘mira’ del procurador Alejandro Ordóñez.
Por ejemplo, presuntamente, el concejal Severo Correa, del Partido Conservador, cuyo nombre ha salido a relucir por el ‘carrusel’ de la contratación en la alcaldía de Samuel Moreno, habría intermediado a favor de los contratistas para que se les reviviera el negocio, dada su cercanía con el exsecretario Rodríguez.
La Procuraduría ya inició una investigación disciplinaria en contra de Petro por ese contrato de transacción, pues señala que es “ilegal” y que se buscó favorecer a los contratistas, a quienes les habían decretado el incumplimiento (en julio del 2012) en el suministro de 26.625 bombillas tipo led.
Las luces –adquiridas mediante un contrato de 6.000 millones de pesos en la alcaldía de Moreno– se iban a instalar en el 70 por ciento de los semáforos de la ciudad.
No obstante, no pasaron las pruebas técnicas de interventoría de la Universidad Distrital, donde se detectaron fallas en las bombillas. Hoy, están arrumadas en cajas en una bodega.
Muhamad, denunciada
De otro lado, por estos mismos hechos, la concejal Sandra Jaramillo, del partido de ‘la U’, denunció ayer penalmente a Muhamad, por su presunta participación en el contrato de transacción de las luces led, a finales del año pasado, cuando se desempeñaba como secretaria general del Distrito. La concejal Jaramillo le envió una carta al fiscal general, Eduardo Montealegre, en la que pide que Muhamad sea investigada por presuntamente haber incurrido en prevaricato, falsedad ideológica en documento público, asesoramiento ilegal y abuso de la función pública.
Aunque la firma de Muhamad no aparece en el contrato, ella estuvo al frente de una investigación que encontró que los contratistas de las luces led habrían sido objeto de una presunta extorsión por parte de funcionarios de nivel medio de la propia Secretaría de Movilidad. Al parecer, según la tesis del Distrito, como ellos no pagaron un soborno les negaron el debido proceso y les decretaron el incumplimiento. Por ese motivo, la Administración revivió el contrato.
Muhamad ha dicho que el contrato de transacción no ha sido ejecutado y que, si es necesario, autorizarán unas nuevas pruebas técnicas para examinar el funcionamiento de las luces led.
Todo esto porque un examen hecho en la Universidad de los Andes –en medio del acuerdo entre el Distrito y los contratistas– no permitiría establecer si realmente las bombillas funcionan en los viejos semáforos.
Cabe recordar que el nombre de la concejal Jaramillo ha salido a flote en diferentes oportunidades por presuntos hechos de corrupción cuando se desempeñó como alcaldesa local de Teusaquillo (en la administración de Lucho Garzón). Jaramillo también fue asesora de la gerencia del Fondo de Vigilancia y Seguridad, en el gobierno de Samuel Moreno.
EL TIEMPO
