Una vez más la concejal Lucia Bastidas llama la atención del Distrito ante la creciente invasión al predio localizado en la Calle 17 A # 57-30, lote contiguo a la Cárcel Modelo, propiedad de la Universidad de Cundinamarca, que se viene presentando desde el pasado mes de marzo.
La cabildante ha dado la alerta en reiteradas ocasiones no solo por el foco de contagio de Covid 19 que se puede estar presentando en esta zona, sino además por los riesgos de contaminación ambiental por el manejo inadecuado de basuras y por los problemas de convivencia con la población vecina que se han dado desde el momento en que diferentes grupos de población vulnerable en Bogotá, se instalaron en este lugar conformando cambuches.
Bastidas expresó la urgencia de encontrar soluciones de fondo que permitan que migrantes, recicladores y población vulnerable que con ocasión de la pandemia del Covid 19, vieron reducidos sus ingresos y por ende fueron expulsados de los lugares en donde habitaban, la mayoría en inquilinatos y pagadiarios ubicados en los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, encuentren oportunidades en materia de atención social, de hábitat y de oportunidades económicas para salir adelante en medio de esta crisis.
“A pesar de los llamados insistentes de ciudadanos en la localidad de Puente Aranda por la problemática en el predio de propiedad de la Universidad de Cundinamarca, ya son 43 cambuches, que albergan a 50 familias, provocando dinámicas de inseguridad e insalubridad”, dijo la concejal desde el primer momento reveló la situación.
Hoy, según las denuncias de los vecinos, se pueden contar más de 50 familias habitando en el lote de manera improvisada, pero con cambuches más estructurados, donde según ellos, “ algunas de estas se estarían conectando a la luz eléctrica de manera ilegal e improvisada”, lo que podría generar riesgos ante un eventual corto circuito que podría presentarse, además de la posible existencia de personas que se estarían beneficiando del usufructo de este espacio, frente a lo cual indican “que no se sabe si se trata de una banda, o de sujetos que lo hacen de manera individual”.
También se ha evidenciado que en el lugar se viene dando la acumulación de llantas, sin que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en su condición de garante de la prestación del servicio de aseo, tome medidas urgentes y realice operativos de manera constante para la recolección de este elemento que por su naturaleza y características de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final y tratamiento, es considerado por la reglamentación nacional como “residuo de carácter especial”.
Para la concejal de la Alianza Verde, los esfuerzos que hasta el momento han realizado entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, la Personería de Bogotá, D.C., la Unidad Administrativa, Especial de Servicios Públicos - UAESP, la Alcaldía Local de Puente Aranda, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, para que estas personas accedan a tomar las medidas sociales que les ofrecen y procedan a retirarse del lugar, son insuficientes y hace el llamado para que estas se amplíen y se muestren lo suficientemente atractivas y así evitar un desalojo forzoso.
Concejal de Bogotá
