Diego Cancino, concejal de Bogotá por la Alianza Verde denunció que en la capital se vienen presentando una serie de crímenes de Estado, amenazas, desapariciones, violencia y acoso sexual, asesinatos y violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, por parte de miembros de la Policía Metropolitana que tienen similitud con lo que ocurre en la Colombia profunda a manos de fuerzas paramilitares.
“El terror de la Colombia profunda se está viendo en las localidades de Bogotá: Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá y tienen un patrón similar a lo ocurrido en El Placer (Putumayo), El Salado (Bolívar), San Onofre (Sucre) y Bahía Portete (La Guajira), donde la población sufre amenazas, desaparición forzada, homicidios de jóvenes, seguimientos, llamadas anónimas, regulación social, panfletos y violencia selectiva por parte de grupos paramilitares, con la intención de hacer control territorial”, señaló el concejal Cancino.
“Si me bajé tres, me puedo bajar cuatro” es la amenaza, según algunos testimonios, que hacen policías a los jóvenes que estuvieron en las movilizaciones del 9 y 10 de septiembre en Verbenal y El Codito. También se conoce que en Usaquén un joven de 13 años sigue desaparecido. “Los jóvenes están atemorizados y la familia del muchacho que estuvo denunciando el caso tampoco ha vuelto a hablar y no sabemos dónde están. Una camioneta blanca con platón se llevó al chico frente a la presencia de cinco policías y nadie responde. Allá hay amenazas, panfletos, persecuciones en camionetas, asesinatos y nadie dice nada”, denunció Cancino.
Las denuncias de Cancino coinciden con las alertas tempranas (022, 023, 046, 086) que viene advirtiendo la Defensoría del Pueblo desde 2018, 2019 y 2020 en las que indican que las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal Norte, Usaquén, Rafael Uribe y Usme, están en riesgo de control territorial por grupos paramilitares y de bandas de micro tráfico. “Según las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en seis localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usaquén, hacen presencia grupos paramilitares”, señaló el Concejal.
“(…) Es altamente probable la ocurrencia de: homicidios selectivos y múltiples; atentados contra la vida e integridad personal; cobro de extorsiones; desapariciones forzadas; utilización de métodos y medios para generar terror; ataques indiscriminados contra la población civil como consecuencia de la instalación y activación de artefactos explosivos; despojos: violencia sexual y reclutamientos forzados y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”, advirtió la Defensoría del Pueblo
El asesinato de 13 civiles desarmados (9 en Bogotá y 4 en Soacha) y otros 305 heridos (75 por armas de fuego) las noches del 9 y 10 de septiembre ponen nuevamente en discusión la extrema brutalidad policial que se ha tomado las principales capitales del mundo, con el agravante que los hechos vienen en aumento, en particular en los bordes extremos de la ciudad y hacia poblaciones en mayor fragilidad económica y social, con los jóvenes, las mujeres y la comunidad Lgtbi, como sus principales víctimas. El 82% de los más de 10 mil (10.072) mil casos de violencia física conocidos por Medicina Legal entre el 2016 y el 2018 corresponde a jóvenes menores de 34 años.
En debate de control político en el Concejo de Bogotá, Diego Cancino señaló que además del asesinato de 13 civiles durante los eventos recientes, se conocieron 43 denuncias de desaparición forzada que dio a conocer la Personería de Bogotá. A la fecha, cuatro jóvenes siguen sin aparecer.
“Datos de Medicina Legal reportan 49 casos de violencia sexual en los dos últimos años 35 (2019) y 14 (2020), 20 de ellos ocurrieron en los barrios Nueva Santafé y Siete de Agosto. llama la atención el uso desmedido de las detenciones arbitrarias que aumentaron durante las cuarentenas pasando de 940 durante el 2019 a 8.069 a mayo de 2020. Después del 28 de mayo estas detenciones tomaron un sesgo de desaparición forzada ya que estaban prohibidas por la Corte Constitucional debido a la ausencia de Centros de Traslados por Protección, violando las obligaciones internacionales de prevención de la desaparición forzada. La policía hacía detenciones y se llevaron a mucha gente a bodegas donde nadie sabía qué pasaba exactamente”, dijo Cancino.
Diego Cancino, junto a Iván Cepeda, Ángela María Robledo y otros congresistas y concejales, anunció medidas ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos y se declaren responsabilidades.
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