En el Concejo de Bogotá, se realizó un debate de control político sobre educación inclusiva en la ciudad, enfocado en la problemática que enfrentan más de 1.600 niñas, niños y jóvenes con discapacidad pertenecientes a las Aulas de Apoyo Pedagógico (AAP) de los colegios distritales.
Durante el debate, el concejal Andrés Onzaga advirtió que “con el discurso de la “inclusión” se van a excluir a más de 1600 niños con discapacidad”, y recalcó que este ejercicio no buscó confrontar por confrontar, sino abrir un camino de soluciones: “la intención de este debate no es buscar culpables, sino soluciones para estos niños, niñas y jóvenes”.
El concejal insistió en que la inclusión no puede reducirse a estadísticas de matrícula, señalando que “el cupo no es inclusión” y que muchas veces se confunde el resultado con “la cantidad de cupos”, cuando lo que se requiere es “un plan para cada estudiante, que les garantice una educación de calidad”. En ese sentido, advirtió sobre situaciones que evidencian fallas en la garantía del aprendizaje: “hay familias que tienen enmarcado el diploma de bachiller de sus hijos y ellos no saben ni leer ni escribir”, dijo, subrayando la necesidad de acompañamientos reales y verificables.
En el desarrollo del debate, el Concejal Onzaga cuestionó la posibilidad de desmontar un modelo que, según lo expuesto, ha brindado apoyos efectivos: “vamos a acabar algo que está funcionando bien y mandar a más de 1600 niños a un modelo que sabemos no está funcionando”. También recordó que la toma de decisiones en esta materia debe respetar la participación de la población con discapacidad, resaltando el principio “Nada de nosotros sin nosotros”, y denunciando que “estas decisiones se han tomado sin la población”.
Como parte del sustento del debate, el concejal afirmó que, junto con su equipo, realizó recorridos por las AAP del Distrito y señaló que hubo visitas en las que “algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital ni siquiera entraban a las aulas durante los recorridos”. En esa misma línea, cuestionó el mensaje que reciben las familias cuando se minimiza el alcance del problema: “
El concejal también hizo referencia a casos puntuales que, según indicó, han generado preocupación en la comunidad educativa. Entre ellos, mencionó el del Colegio Bolivia, afirmando que su rector “fue trasladado como castigo por oponerse al cierre de las aulas de apoyo pedagógico”, y lo calificó como “un héroe” por su trabajo con niñas y niños con discapacidad.
Finalmente, el debate recogió la voz de familias que han expresado temor frente a experiencias previas: “las familias ya vivieron una inclusión fallida y no quieren volver a eso”, dijo el concejal, destacando que para muchos estudiantes las AAP han sido un entorno protector: “en las aulas de apoyo los niños han encontrado un lugar seguro”. Por ello, concluyó con un llamado a convertir la coyuntura en una mejora del sistema: “deberíamos aprovechar esto como una oportunidad para fortalecer las aulas de apoyo y no para destruirlas”.
El debate dejó como mensaje central la necesidad de garantizar una inclusión educativa con apoyos permanentes, lineamientos claros, equipos estables y seguimiento a resultados, de manera que el derecho a la educación de las personas con discapacidad no dependa del colegio al que asistan, sino de una política pública sólida y verificable.
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