A propósito de los recientes hechos de violencia en la localidad de Ciudad Bolívar, lo primero es reiterar nuestro sentido pésame a las familias de Ivana Salomé Rangel, de 5 años, y Daniel Steven Duque, de 12 años; solidarizarnos con sus compañeros de colegio, profesores, con sus vecinos y toda la comunidad de Ciudad Bolívar.

Es preciso reiterar que en noviembre del año 2019, expuse la preocupación por la alerta temprana No. 046 del 2019 de la Defensoría del Pueblo. Ésta señalaba el riesgo de algunas localidades que se convirtieron en corredores de movilidad y zonas de control usadas por grupos delincuenciales articulados o utilizados por grupos armados ilegales.

Tras la desarticulación del Bronx, considerado la 'olla' más grande de la capital, estos grupos de crimen organizado se dispersaron por varias zonas de la ciudad, poniendo en riesgo la vida e integridad de quienes viven y trabajan en localidades como Santa Fe, Los Mártines y Puente Aranda.

Dentro de los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo están las mujeres cisgénero y transgénero que realizan actividades sexuales en contextos de prostitución de calle; y niños, niñas y adolescentes (particularmente aquellos que están en riesgo o situación de calle y/o desplazamiento forzado).

En ese momento, resalté la importancia de aumentar el presupuesto al interior de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, a fin de fortalecer programas sociales en estas localidades, aumentar la jornada escolar y disponer de suficientes coberturas de jardines infantiles en modalidad nocturna. Ello para contrarrestar los riesgos en menores de edad por el uso y abuso de sustancias psicoactivas, posible vinculación a grupos armados al margen de la ley, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, entre otros.

El 31 de mayo de 2021, nuevamente, la Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 010 de 2021, advirtió el riesgo de 10 localidades de Bogotá, en donde coexisten 2 corredores de movilidad utilizados por grupos armados ilegales para intensificar economías ilegales y otras fuentes de financiación a partir de delitos de alto impacto.

El riesgo en estas localidades, dentro de las cuales está incluida Ciudad Bolívar y la UPZ Arborizadora, se genera debido a tres situaciones: i. La disputa entre grupos armados ilegales por el control del territorio; ii. La expansión y copamiento hacia nuevos territorios por parte de actores armados ilegales y de crimen organizado; y iii. Una mayor incidencia de organizaciones de crimen transnacional en el territorio que se están articulando con grupos armados ilegales.

Esta misma alerta del 2021 señaló que en la ciudad de Bogotá se contabilizan por lo menos 25 eventos donde hubo afectaciones por artefactos explosivos desde el año 2013. Incluso en el 2020 la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el reclutamiento ilícito y uso de menores de edad en la comisión de delitos durante la pandemia por parte de diferentes grupos armados ilegales y de crimen organizado.

Pese a estas alertas, no se ve una respuesta institucional clara y contundente con acciones dirigidas a transformar las dinámicas sociales y factores de vulnerabilidad que están estrechamente relacionados con el control que tienen los grupos armados ilegales a través de la red criminal que han configurado con presencia en 10 localidades de Bogotá.

Por tal motivo, es preciso retomar algunas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo dirigidas a la Alcaldía Mayor de Bogotá:

•Crear planes de trabajo que deben detallar acciones concretas, plazos y recursos necesarios para la identificación oportuna, atención y disuasión de los riesgos individuales y colectivos presentes en los territorios advertidos.
•Convocar a comités locales de Derechos Humanos y demás instancias de interlocución en las que participan organizaciones sociales y grupos poblacionales en riesgo.
•Priorizar el acceso a la oferta institucional, en donde debe incluirse el componente de acceso a la justicia procurando no exponer a riesgos adicionales a la población que reside en localidades en riesgo.
•Generar una respuesta efectiva a las quejas y denuncias sobre amenazas, riesgos de violaciones de derechos humanos y presuntas violaciones a los mismos.
•Se necesita vincular a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la educación superior y/o al mercado laboral formal, así como fortalecer emprendimientos, mejorar la empleabilidad y formalizar el empleo, generando para ello alianzas con el sector privado.
Ante la complejidad de los problemas sociales y de seguridad en los territorios, se requiere de la intersectorialidad en el diseño de las políticas públicas del gobierno, en las fases de planeación, ejecución y evaluación, así como en la asignación presupuestal para que de esta manera se dé una verdadera resolución, en este caso puntual, al tema de hechos violentos contra la población civil.

Lo anterior se traduce en un plan de trabajo con una respuesta rápida e interinstitucional con acciones coordinadas y focalizadas acorde con las amenazas y vulnerabilidades identificadas en la localidad de Ciudad Bolívar y demás localidades y UPZ objeto de advertencia.

Hoy le pregunto a la Administración: ¿Qué se ha hecho concretamente para que no suceda lo que se ha venido advirtiendo? ¿Qué planes de contingencia se tienen? Finalmente, se necesita verdad, investigación, justicia, reparación integral, y, sobre todo, garantías de no repetición.

Concejal Armando Gutiérrez González
Partido Liberal