Demanda de inconstitucionalidad contra excesivo pago de predial en Bogotá

Concejal Roger Carrillo dice que obligación tributaria es impagable

El concejal conservador  Roger  Carrillo Campo,  radicó ante la Secretaría General de la Corte Constitucional demanda de INCONSTITUCIONALIDAD contra el artículo 1 (parcial) de la Ley 601 del 25 de julio de 2000 y el artículo 5 (parcial) de la Ley 14 del 6 de julio de 1983, al violar los artículos 2, 34, 150, 338, 189, 287, 305, 363 de la Constitución Política de Colombia.
El Cabildante Carrillo explicó, que el comportamiento de la Unidad Administrativa Especial de Catastro, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda, al establecer año a año desde el año 2008, una base gravable de todos los predios indiscriminadamente de la ciudad sin limitación alguna, sobrepasando inclusive el valor comercial de los mismos, ha dado lugar a la situación por la que están atravesando hoy los propietarios de inmuebles en Bogotá, quienes están enfrentados a cumplir con una obligación tributaria impagable para muchos contribuyentes.
Para el concejal conservador, su demanda se fundamenta en que hubo violación del principio de legalidad tributaria y división de funciones entre las ramas legislativa y ejecutiva, la violación de los principios de justicia, equidad, proporcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad y de neutralidad tributaria, por ello la pretensión es declarar la inexequibilidad de las normas referidas y como pretensión previa decretar medida cautelar consistente en suspender el pago del impuesto predial unificado año gravable de 2015 o, para evitar daño a las finanzas del Distrito, ordenar el pago del impuesto predial unificado  con la base gravable  del avalúo catastral actualizado en el año 2014, mientras se decide de fondo la Acción Pública.
Carrillo Campo agregó “No es mi intención, entorpecer el recaudo de los ingresos que le hacen falta al Distrito, cuya fuente es el Impuesto Predial Unificado, sino que, la base gravable para establecer la tarifa es violatoria de la Norma Superior y con ella, se están vulnerando los derechos de los contribuyentes bogotanos.
 
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