La concejal de Bogotá Lucía Bastidas, le reclamó a la Administración Distrital por las denuncias de representantes del Mercado de la Pulgas de San Alejo, que indican que en presuntas actuaciones irregulares, se les estaría exigiendo a comerciantes y artesanos de este tradicional corredor comercial de la ciudad, protocolos de seguridad certificados por terceros para poder reabrir.
De acuerdo con las quejas conocidas por Bastidas, a los comerciantes de este mercado con una historia de más de 30 años, del cual dependen cerca de 300 familias y que lleva cinco meses cerrado como resultado de la emergencia del Covid-19, a pesar de haber implementado sus protocolos de acuerdo a la norma; se les está pidiendo adjuntar un documento que certifique por parte de una empresa avalada, que cumplen con lo necesario para reactivarse; para lo cual recibieron cotizaciones que iban desde los 500 mil hasta los 15 millones de pesos, sin entender por qué especialmente a ellos, se les hacía tal requerimiento, si la normatividad no lo contempla.
“Lo que en realidad señala la Resolución 666 de 2020, es que se deben cumplir con los protocolos básicos determinados por el gobierno nacional, entre ellos: el uso de tapabocas convencional, distanciamiento social, señalización, toma de temperatura, cuidados en la manipulación de insumos y productos y la ubicación adecuada de elementos de desinfección en áreas adecuadas y que los únicos que deben hacer vigilancia sobre el tema son las Alcaldías, pero no, que se necesite de un documento de una entidad privada que los capacite o les certifique en procesos de bioseguridad, a ellos que están legalmente constituidos. No se entiende por qué se ponen más trabas a la reapertura legal del comercio. Es una vergüenza que esto ocurra en Bogotá, que a los comerciantes formales se les impida trabajar con exigencias adicionales y absurdas, a pesar de que cumplen con la norma; pero por otro lado, si ser negligentes en el control al comercio informal que ahora no solo en las calles sino en parqueaderos se aglutinan para vender de manera desorganizada, insalubre e insegura a la vista de las autoridades locales. Tienen más garantías los vendedores que se ubican en cualquier andén perjudicando el espacio público, que quienes están legalmente constituidos”, reclamó la concejal del partido Alianza Verde.
Y agregó: “Es un tema sobre el que deben actuar en primer lugar la Alcaldía Local de Santafé, y en materia interinstitucional: el IPES, con la atención y vigilancia a los vendedores ambulantes, la Secretaria de Salud, haciendo testeos; la UAESP en el control de las basuras; Integración Social sobre el censo, atención e identificación a la población vulnerable; el DADEP en la recuperación del espacio público y la Secretaría de Seguridad en el control a esos parqueaderos que de manera ilegal operan como pequeños mercados informales sin cuidados mínimos. Todo esto en función del bienestar integral de una comunidad y con el fin de evitar posibles focos de contagio cuando estamos a punto de superar lo más grave de la pandemia. Se requiere que los organismos de control entren a investigar y se hallen responsabilidades y que la Alcaldía Mayor no demore más permitir la reactivación segura del comercio en la ciudad”.
