Luego de que Bogotá sufriera nuevamente una jornada de protesta caracterizada por el vandalismo a dos meses de iniciado el Paro Nacional, a pesar de la orden reciente de la alcaldesa Claudia López de prohibir las aglomeraciones en el sector de Portal Américas y Suba; la Concejal de Bogotá Lucía Bastidas aseguró que se deben adoptar medidas más contundentes, como el toque de queda, que garanticen el orden público en esas y otras zonas de la ciudad.
De acuerdo con la cabildante del partido Alianza Verde, estas zonas que vedadas en las que se han convertido el Portal Américas, Portal Suba y el sector de Yomasa y Santa Librada aledaños al Portal Usme; se identifican por dinámicas de delincuencia organizada que se cita en grandes grupos para provocar destrozos, bloqueo de vías, peajes ilegales y generar intimidaciones contra las comunidades, e incluso con personas que llegan de otras localidades. El balance de un solo día dejó el secuestro de buses, 7 Sitp vandalizados, daños y destrozos a la infraestructura simultánea en las tres localidades.
“Así ha sido por dos meses, los vecinos no aguantan más, no basta una orden de prohibir aglomeraciones, porque como ya lo vimos ayer, no se toman en serio por los manifestantes. Se requieren decisiones de fondo que eviten que se presenten más daños, más heridos e incluso más pérdidas de vidas. La Administración debe evaluar medidas alternativas como el toque de queda en los alrededores de Portales, garantizar la presencia de la Policía y de las entidades con su oferta social para todos, que si están pidiendo los vecinos; y que sean simultáneas, porque cuando se levantaron las aglomeraciones en Suba y Américas, se trasladaron a Usme”, sostuvo Bastidas.
Para la concejal, los residentes y los medios de comunicación ya han evidenciado cómo en esos sectores se cometen delitos, como tráfico de drogas, el secuestro de buses con pasajeros y conductores, abusos y acosos sexuales, flujo de armas ilegales, que también son usadas en los enfrentamientos contra el Esmad, como machetes, cuchillos y armas neumáticas; extorsiones y amenazas contra los residentes en sus conjuntos, en las calles para poder retornar a sus hogares a riesgo de que sus vehículos o sus vidas estén en peligro, y contra el comercio que se les oponga, se convirtió en una espiral de violencia que parece no tener fin y que ha encontrado tibieza de parte del gobierno Distrital.
“En estos meses las estructuras violentas que se han escudado en la protesta se han fortalecido y es hora de por fin vincular a la inteligencia militar, que identifique a quienes propician, financian, abastecen estos actos vandálicos, y que se comiencen a generar responsabilidades disciplinarias, administrativas y penales contra estas personas. Y en ese mismo sentido, como concejal y vocera de miles de bogotanos, destaco el más reciente pronunciamiento de la Fiscalía general de la Nación, donde señala que se investigará a nivel nacional lo que hay detrás de la autodenominada Primera Línea, que a pesar de emitir comunicados donde aseguran que se han cometido delitos en sus territorios, todavía no asumen responsabilidades sobre lo que pasa en sus zonas de concentración”, concluyó.
