El concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Diego Cancino instauró una demanda de inconstitucionalidad contra los traslados por protección y para procedimiento policivo (artículos 155 y 157 de la Ley 1801 de 2016) del Código de Seguridad y Convivencia por considerar que violan no sólo la dignidad humana sino derechos fundamentales de la ciudadanía.
Cancino que ha sido un férreo defensor de los derechos humanos frente a la brutalidad policial, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional con la idea de que los artículos 155 y 157 de la Ley 1801 de 2016, sean declarados inexequibles, es decir, que sean eliminados de la ley.
Según explicó el concejal Cancino: “El artículo 155 que establece la figura de traslados por protección y que faculta a la Policía a realizar detenciones transitorias sin orden judicial -en teoría son detenciones preventivas para proteger la integridad y la vida frente a riesgos o peligros- constituyen en la práctica un mecanismo mediante el cual se vulneran derechos humanos: a la libertad y seguridad personal; a la dignidad humana, a la autonomía privada y a la igualdad y no discriminación”.
De acuerdo con Diego Cancino, esta vulneración de derechos se replica en el artículo 157 del mismo Código que establece el traslado para procedimiento policivo y faculta también a la Policía para realizar detenciones sin orden judicial, con la finalidad de realizar un proceso verbal inmediato, sin el seguimiento del Ministerio Público.
“Existen evidencias que muestran que la ejecución de estas medidas obedece a determinaciones subjetivas y prejuicios de los policías de turno, generadas por la falta de claridad de estos artículos, lo cual constituye un verdadero riesgo para los derechos y las libertades de la ciudadanía”, dijo el concejal de la Alianza Verde.
“Información de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, de la Personería de Bogotá, de la Policía Metropolitana de Bogotá y de un fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, señalan que por ejemplo, durante el Paro Nacional (2019), la Policía Metropolitana de Bogotá realizó traslados por protección de manera masiva contra las personas que ejercían la protesta social”, anotó Cancino en su demanda.
En ese mismo sentido la Personería de Bogotá evidenció que los traslados se realizaron como primera medida y no como última -establecido en la norma- y que durante este procedimiento, los ciudadanos fueron víctimas de maltratos físicos, verbales y crueles. Tampoco hubo lugar al debido proceso en la imposición de comparendos.
“De acuerdo con información disponible podemos asegurar que entre el 17 de marzo y el 27 de mayo de 2020, es decir durante los meses en los que Bogotá vivió la cuarentena más estricta y menos personas transitaban por las calles, la Policía realizó 8.069 traslados por protección; la cifra más alta de traslados desde que existe ese artículo. Hay que señalar, además, que son robustas las denuncias de tortura, violaciones sexuales y violaciones de Derechos Humanos cuando se dan estos traslados”, dijo Cancino
"Llama la atención que estos procedimientos amparados en los artículos 155 y 157 se desarrollan con más intensidad en las localidades con mayores retos de pobreza y exclusión y los Centros de Atención Inmediata (CAI) que lideran las cifras se han convertido en sitios de terror, en particular para los y las jóvenes”, puntualizó el Concejal de la Alianza Verde.
La demanda fue interpuesta por el concejal Diego Cancino y su abogado Jhon Mejía.
Prensa Diego Cancino, concejal de Bogotá: 3202343806
