Diego Cancino denuncia que la dueña de la empresa con mayor participación, 25%, en el Consorcio San Marcos, Marcela Sofía Alíes Fuentes, se encuentra pagando una condena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción privada agravada sobre bienes del Estado, desde comienzos del 2020.
Hace pocos días el concejal de Bogotá Diego Cancino denunció que la administración de Claudia López contrató al Consorcio San Marcos 2021 para hacer la interventoría de los contratos de concesión de los cementerios de Bogotá por $6 mil 900 millones (UAESP-508-2021) y un plazo de 5 años y 3 meses en un proceso bastante cuestionado.
Cancino demostró que Marcela Sofía Alíes Fuentes no sólo tuvo la representación legal de la empresa Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión SAS (TECNICONSULTA SAS. NIT: 900.218.054-1), desde 2012 hasta mediados de 2019 como consta en las actas de Cámara de Comercio, sino que según acta de manifestación de control de la empresa, fechada el 8 de octubre de 2021 y firmada por su puño y letra; ella es accionista mayoritaria desde el 15 de junio del 2017 y por tanto su propietaria.
“De conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (artículo 8, Ley 80 de 1993) están inhabilitados para participar en licitaciones y para celebrar contratos las sociedades anónimas cerradas de las que hagan parte socios controlantes que hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública”, aseguró.
Es de público conocimiento que la Fiscalía comprobó que TECNICONSULTA SAS, en cabeza Alíes Fuentes, participó en un entramado de corrupción a través del cual se apropió de por lo menos $ 4 mil millones de pesos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), que fueron a parar a los bolsillos de Musa Besaile y otros políticos corruptos en 2017.
TECNICONSULTA SAS fundada en 2008 por dos familias de la costa atlántica: Galofre Amin y Castillo Baute, relacionadas con el escándalo del carrusel de contratación de Bogotá y con carteles de contratación en el norte del país, es hoy contratista del distrito.
Mauricio Galofre Amin, uno de sus fundadores, fue sentenciado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia a 13 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el pago de millonarios sobornos durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Tal es la cercanía de esta empresa con el carrusel de contratación y los Nule, que durante el 2009 y 2010 la empresa Ponce de León fue su dueña -con más del 90% de las acciones- de TECNICONSULTA SAS. Ponce de León es una de las empresas del Grupo Nule, involucradas en el escándalo del carrusel de contratación.
Hoy en día, TECNICONSULTA SAS está vinculada al menos a siete procesos de responsabilidad fiscal, que señalan la participación de esta empresa como interventora en la ejecución de varios contratos de obra sobre los que la Contraloría General de la República advierte un presunto detrimento patrimonial que asciende a más de $28 mil millones en distintos municipios y gobernaciones del país.
Cancino anunció que le solicitará a la administración distrital demandar la nulidad de este contrato que nunca debió adjudicarse.
