Se cumplieron ya dos años desde que se dio la elección de la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López. Nombramiento que respondió a sus múltiples promesas de campaña, esas que hoy sus votantes no ven reflejadas y de las que no encontramos los demás, ningún beneficio real para la ciudad. Aquel lema, “Con Claudia de una”, se quedó en los afiches de promoción, pues la ejecución de obras se limitó a la terminación e inauguración de aquellas que dejó el gobierno de Enrique Peñalosa y la acción de su Administración no ha cumplido con los retos que impone la capital del país.
En el tema social, queda en deuda en la que se ha denominado la Bogotá Cuidadora, la acción de cobertura a poblaciones como ciudadanos migrantes, habitantes de calle, población indígena y otras, así como a las personas que por cuenta de la pandemia quedaron sin trabajo y sin hogar; el panorama en la ciudad es de cambuches, basuras, invasión al espacio público, personas ejerciendo la mendicidad, durmiendo debajo de los puentes, en mayor medida de la que veníamos superando en años anteriores.
A pesar de haberse vendido en campaña como el primer gobierno inclusivo que tendría la ciudad, los migrantes han sufrido el escarnio público en los discursos de la alcaldesa. Eso quedó reflejado con las cifras del Barómetro de Xenofobia de Bogotá, que reveló que luego de sus pronunciamientos se generó un 61 % de mensajes xenófobos a nivel nacional en redes sociales y el 18 de agosto, tras el anuncio de crear un comando conjunto para perseguir los venezolanos que cometieran algún delito, se generó el 171% de mensajes de ese tipo. Mientras que la atención a venezolanos para el año 2020 se quedaron en 659.382 con una disminución respecto a lo hecho en 2019 cuando se realizaron 666.873 atenciones.
El rezago en la economía de Bogotá se ha sentido en todos los sectores y recrudecida con medidas improvisadas del Distrito que no fueron concertadas con los involucrados. Como resultado, en tiempos de pandemia la ciudad llegó a registrar una tasa de desempleo del 25,1 % (en el trimestre mayo-julio de 2020), es decir 1’079.000 personas sin trabajo. Para el trimestre junio-agosto de 2021, fue del 16,1 % (736.000 personas sin ocupación). 46% de los capitalinos se quedó sin trabajo en medio de la pandemia según la encuesta de Bogotá Cómo Vamos; en esta misma encuesta, el 66% aseguró no tener empleo y el 43% considerarse pobre.
Bogotá pasó de tener 441.075 empresas en 2019 a 387.784 en 2020, lo que significó una reducción de 12 %. Esta es la caída más fuerte en los últimos 10 años. Además, pasamos de tener a 2,2 millones de personas en pobreza monetaria en 2019 a 3,3 millones en 2020, un alza de 1,1 millones de ciudadanos. En otras palabras, aproximadamente 1 de cada 3 nuevos pobres que tuvo el país el año pasado están en Bogotá.
El sector salud ha tenido que librar una dura batalla contra la pandemia, con 1.454.485 casos de covid-19 y más de 27.600 fallecidos. En el momento en que superamos el 95% de ocupación de Uci’s Covid, no teníamos suficientes camas o ventiladores para la atención de cientos que seguían sumándose a las cifras de contagio; sin embargo, la posición de la alcaldesa fue culpar al gobierno nacional que logró la entrega de 722 ventiladores, sumados al equipamiento 148 UCI que donó ProBogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, Camacol Bogotá-Cundinamarca, Asobancaria, la ANDI y Amcham Colombia; mientras que la Administración solo registró una compra tardía que hizo de 143 ventiladores, demostrando la falta de previsión para enfrentar la crisis sanitaria.
El vandalismo puro y duro que manda en Bogotá
Cuando cumplíamos algo más de un año de la pandemia, sorpresivamente se apoyaban y se abrían espacios desde el Distrito para las diferentes convocatorias masivas por el Paro Nacional en las calles, en una convulsión generalizada que después de seis meses solo ha dejado caos. Se olvidaron de los protocolos, de los decretos que prohibían las aglomeraciones, de los comparendos por incumplir las medidas de bioseguridad de la crisis sanitaria, y aunque los esfuerzos de la Administración Distrital se tenían que enfocar a plenitud en garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, eran esas mayorías que no protestaban con violencia las que resultaron afectadas por el vandalismo, aisladas y como dijeron muchos ciudadanos sintiéndose secuestrados en sus propias casas.
A hoy, tenemos más de 30 mil millones de pesos en daños a la infraestructura de la ciudad, a Transmilenio, y en esa cifra quedan sin contabilizar los daños de los vándalos al comercio formal, a los conjuntos de apartamentos, casas y demás viviendas en las localidades más afectadas: Kennedy, Usme y Suba, que bajo la mirada cómplice de la Administración Distrital se convirtieron en los primeros días en zonas vedadas bajo el control de las Primeras Líneas y actualmente son el sitio de encuentro los 28 de cada mes para sembrar el pánico en los residentes y transeúntes de esos sectores.
Del Distrito, el mayor afectado fue Transmilenio que con la última jornada de protestas, reporta pérdidas por 23.439 millones de pesos, consolidados en: 141 estaciones vandalizadas, 2 fuera de servicio desde abril, 1.198 buses troncales y 755 zonales dañados, 9 buses incinerados, y por lo menos cinco que han sido retenidos en servicio, con pasajeros que han sido intimidados e incluso robados, daños que no se han podido subsanar.
Los ciudadanos víctimas del vandalismo están abandonados, la Administración se limita a asistir con delegados a las reuniones para escuchar a la comunidad, hacer compromisos que no cumple, prometer arreglos que no hay y sin acompañamiento algunos se siguen vulnerando los derechos de las comunidades que ven como los niños del corazón de la alcaldesa hacen de esos territorios sus zonas de combate. Bogotá no ha hecho nada por los afectados.
Inseguridad a la orden del día en las localidades
En los primeros meses del 2020 la Alcaldía sacaba pecho en sus transmisiones continuas en redes y medios de comunicación sobre la mínima reducción en las cifras de inseguridad, asegurando que respondía a la estrategia del nuevo gobierno; pero para todos resultaba increíble ver cómo la alcaldesa comparaba las cifras de 2020 cuando pasamos seis meses encerrados en casa cumpliendo un aislamiento obligatorio, con cierre de comercio y establecimientos, con 2019 con una ciudad a toda marcha. Obviamente iba a haber una reducción, no por su gestión sino por el buen comportamiento de los ciudadanos en el aislamiento.
El tiempo nos da la razón, la inseguridad dejó de ser percepción como decía la Administración para reflejar una realidad tangible en los barrios: incremento de hurtos, fortalecimiento de estructuras delincuenciales, casos de sicariato a plena luz del día, porte de armas fuera de control y vandalismo a diestra y siniestra. Los delitos de alto impacto siguen nos siguen azotando, en un comparativo entre 2019 y 2021 los homicidios incrementaron 12.8%, el hurto a bicicletas 22.6%, la extorsión 9.9% y el hurto a motocicletas 9.6%.
Lo cierto es que no hay nada que celebrar, han sido dos años de desgobierno desde que tras resultar electa comenzó a anunciar que echaría abajo proyectos tan importantes para la ciudad en términos de movilidad e infraestructura como la Troncal de Transmilenio por la séptima, su intención de no hacer el CEFE en San Bernardo, frenar la 68 y ahora con el POT acabar con la única solución para la descongestionar el norte de la ciudad: la ALO Norte. Con Claudia no fue como su lema de campaña, ‘De Una’ pero esperamos que por lo menos lo que venía de la anterior Administración se termine de ejecutar, Bogotá no aguanta más y necesita resultados.
Concejal de Bogotá
