Así lo consideró la Concejal de Bogotá Lucía Bastidas al referirse a la polémica suscitada por la intención del Distrito en dar por terminado el contrato con el operador del Relleno Sanitario de Doña Juana acudiendo a intervenir en el peritaje, y de CGR, en buscar reactivar un proceso en un tribunal de arbitramento, basándose ambos en trámites que podrían afectar el manejo de los residuos y los recursos de la ciudad.
El peligro de caer en ilegalidades, que el Consorcio llegara a demandar, y de paso, la ciudad a entrar a un litigio o perder sus recursos, son solo algunas de las posibilidades de entrar en este proceso por un afán de buscar un operador público que no garantiza una operación idónea y que podría tardar en conseguirse. En realidad, son muchos los retos que tiene Bogotá por delante con la disposición de los residuos y la concertación la mejor salida que tenemos en medio de una crisis según lo señalado por Bastidas.
“Hay 13 cargos por presuntos incumplimientos. Seis corresponden a la actividad de disposición final de residuos en el polígono concesionado al operador, por problemas de operación, retrasos en obras, licencia ambiental y la ausencia de una celda de emergencia para disposición de residuos. Los otros siete, corresponden al presunto mal manejo de lixiviados generados en la actividad de disposición final y cuyo tratamiento actualmente se encontraría muy por debajo de las exigencias en la normatividad ambiental, afectando al Río Tunjuelo donde son descargados. Esto, podría declarar la caducidad del contrato y hacer que el Distrito asuma la operación del Relleno teniendo en cuenta el art. 128 del Plan de Desarrollo 2020-2024. En cualquier caso, se podría hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, cuyo valor calculado de posibles perjuicios sería cercana a los $76.000 millones de pesos, y la declaratoria de siniestro amparada mediante una póliza de seguros”.
Cuando se espera que este 31 de julio se lleve a cabo la audiencia donde se evaluaría el paso a seguir frente al operador, dice la concejala del partido Alianza Verde: “es evidente que existen muchas falencias en la prestación del servicio de parte del operador que se deben subsanar y vigilar. Pero adicionalmente, se perderían las garantías procesales para la decisión contraria a los intereses de los contratistas, y la decisión que resulte, podría ser demandada por no haberse tomado conforme a derecho sino en pruebas direccionadas por la misma Administración y las consecuencias económicas de estas acciones de ambas partes podrían ser multimillonarias para la ciudad. Son los peritos quienes deben actuar y garantizar un debido proceso”.
Y agregó: “No es para nada conveniente, manipular de manera política procesos técnicos con el fin aparente de que la UAESP entre a manejar y operar el Relleno sin tener claridad si cuenta con la experiencia, equipos y todo lo que se requiere para tal fin. Pero tampoco se debe obviar el hecho de que el operador ha incumplido y debe reparar las fallas que existan y que le han sido señaladas en más de una ocasión. Ya basta de pararnos sobre un ring de boxeo, la concordancia, el diálogo y la concertación es lo que más le sirve en este momento a Bogotá”.
