n su momento la actual administración denunció intentos de boicotear la decisión del Gobierno de implementar mecanismos para la transparencia del contrato de alimentos, que busca entregar 690.000 refrigerios en los colegios públicos.
Y ahora venimos a confirmar que no eran simples sospechas y que sí existieron contratistas que intentaron manipular los precios para sabotear el proceso de contratación que se hizo a través de Colombia Compra Eficiente. Y se hizo a través de esa vía, porque en la ciudad operó por muchos años un manejo poco claro de los refrigerios.
Esperamos que las investigaciones de las empresas que según la investigación manipularon los precios para sabotear el proceso lleguen hasta sus últimas consecuencias y haya multas y sanciones, y cárcel, en los casos que así lo ameriten.
Concretamente están señalados de haberse puesto de acuerdo para presionar el aumento de los precios de las frutas para la licitación de los alimentos de Bogotá, y eso habría podido tener consecuencias como el desabastecimiento de frutas para los refrigerios escolares en un 83 por ciento, entre el 15 de marzo y el 8 de junio del 2017, y luego el encarecimiento de las frutas en un 50 por ciento.
Es grande el esfuerzo que hace la ciudad, para entregarles a los estudiantes de bajos recursos refrigerios para complementar su nutrición, para que vengan unos contratistas a interferir en una política pública que busca incentivar la permanencia de los niños en los colegios y ayudar a sus familias a complementar su nutrición.
Por fortuna, las autoridades ya tienen identificados a los presuntos responsables y se abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Alimentos Daza, Comercializadora Disfruver, Alimentos Spress, Namaste Food, Best Colombian Fruit, Hugo Nelson Daza Hernández, Néstor Alejandro Castelblanco García, Héctor Hugo Castelblanco, Stella Téllez Hernández, Andrea Rosas Díaz, Juan Pablo Fonseca Sánchez y Geimi Soleimi Daza Villar.
De ser hallados responsables, las empresas se exponen a que les impongan multas hasta por 75.000 millones de pesos cada una. Las personas que resulten condenadas podrían pagar 12 años de cárcel.
Ya es grave que se interfiera con la contratación y que se intenten sabotear los intentos por hacerla transparente como para que ahora se juegue con la comida de los niños.
