En la calle 13 se dio una jornada de protestas por parte de transportadores y otros ciudadanos que viven en municipios aledaños al occidente de la capital, por estimar que la implementación del ciclocarril por ese importante corredor vial, que conecta a Bogotá con Cundinamarca, ha incrementado los tiempos del tráfico de entrada y salida a la ciudad.

Eliminar los ciclocarriles, contrario a lo que muchos piensan, tal vez no sea la solución, pues aquellas personas que se movilizan en bicicleta hacia sus lugares de trabajo, se verán obligados a usar los andenes (poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes) o a moverse por la vía principal, poniendo en riesgo su vida. Además, los trancones no son nuevos por esta vía; se necesita de manera expedita hacer su ampliación para cumplir con las demandas de movilidad de los bogotanos.

Necesitamos cifras reales que den cuenta de si ha mejorado o no el promedio de velocidad en este corredor vial, si se ha logrado el desincentivo del uso del carro o la compra de un segundo vehículo, y si ha aumentado la cantidad de personas que se mueven en bicicleta, entre otros. En otras palabras, tomar decisiones basadas en evidencia real.

Más que la educación, fue el miedo al contagio -producto de la pandemia- el que impulsó a muchos ciudadanos a moverse en bici. Pero tal parece que el cambio ha sido del bus a la bicicleta, pero no tanto del carro a la bici; paralelamente ha aumentado la gente que usa carro, aumentando así la competencia por la circulación en la calle.

Se necesita fomentar con ímpetu la cultura de la bicicleta, así como brindar soluciones integrales para cuando se reactive completamente la ciudad y los trabajadores vuelvan a sus oficinas, y niños y jóvenes, a colegios y universidades[1]. La simple construcción de infraestructura, no será garantía para que los bogotanos se muevan en bicicleta. Se necesita seguridad y más pedagogía.

Por ejemplo, persiste el hurto a bicicletas, comparado con otros delitos que han disminuido, con un aumento del 35,5% en 2020. Localidades como Kennedy, Engativá y Suba son las más afectadas y requieren de la presencia de la Administración[2]. Algunos ciudadanos sienten que en las zonas de estratos altos la infraestructura para ciclocarriles es mejor, pero no así en los sectores más pobres.

Desde la perspectiva de la movilidad sostenible, se deben garantizar los derechos de todos los actores viales (peatones, biciusuarios, conductores de moto y automóvil, y transporte público). Por ello insto a la Administración a que escuche a la ciudadanía directamente para conocer a fondo su interés, su necesidad en materia de movilidad y lo que para ésta tiene mayor importancia, con el fin de llegar a acuerdos que beneficien a todos.

La Secretaría de Movilidad debe entablar diálogo con los ciudadanos y, con criterios técnicos, explicar a fondo el sustento de la decisión de implementar los ciclocarriles, especialmente aquellos que están en vías principales, pues el sentir de una parte de la ciudadanía, particularmente quienes transitan en vehículo automotor, es que se están afectando los tiempos de movilidad.

Ilustración 1. Encuesta sobre el uso de la bicicleta Octubre 2020

Concejal Armando Gutiérrez González
Partido Liberal