En Bogotá, cada 17 reclusos viven con los recursos de 10

Bogotá D.C, 13 de junio de 2018. Bogotá tiene aproximadamente 16.000 reclusos en las tres cárceles nacionales que se encuentran en la Capital, de los cuales 6.000 están recluidos sin condena y su sostenimiento le corresponde al Distrito.

De acuerdo con las denuncias realizadas por el Concejal Germán García Maya, a través del INPEC, la nación destina recursos únicamente para el sostenimiento de los condenados. Esto significa, que con el dinero que recibe para 10.000 reclusos, se deben sostener 16.000, ya que el Distrito nunca había incluido esta necesidad en su presupuesto. Es decir, que en Bogotá cada 17 presos viven con los recursos de 10.

Según información del INPEC, anualmente cada recluso cuesta en promedio $18.000.000, que multiplicado por 6.000, suma una cifra inmensa que la capital ha dejado de pagar pese a que la ley así lo define. Son más de $108.000 millones los que se requieren para garantizar un mínimo de dignidad para esta población.

Este desequilibrio económico deriva en el hecho que ya no caben más reclusos en las cárceles, que a hoy se encuentran hacinadas (Picota, Modelo y Buen Pastor). De esta manera las personas que son enviadas a la cárcel por los jueces terminan recluidas en las URI y Estaciones de Policía, donde carecen completamente de condiciones de habitabilidad, ya que ésta no es una competencia de la Policía Nacional, por lo que no cuenta con recursos para comida, salud, traslados, ni seguridad.

A la cárcel distrital, una especie de reclusorio VIP y que no tiene hacinamiento, no pueden ser enviados los presuntos infractores por delitos de alto impacto como homicidas, terroristas, abusadores sexuales, entre otros, porque este centro carcelario se reserva el derecho de admisión, amparándose en su reglamento interno.

Las URI con más hacinamiento, de acuerdo a un reporte de la Personería de Bogotá, son Puente Aranda con 147 detenidos y capacidad para 80 personas; Kennedy con 94 detenidos y capacidad para 50 personas, y Molinos con 85 detenidos y capacidad para 50 personas, todas superan el 70% de hacinamiento.

La situación en las estaciones de policía, no es diferente. Al hacinamiento al que se ven sometidos los 300 reclusos que actualmente tienen las estaciones, se le suma que viven en condiciones higiénicas deplorables; los detenidos no tienen acceso a duchas, ni baterías sanitarias o alimentos y se ven obligados a dormir en el piso, muchas veces turnándose en espacios diminutos.

"Algunos ciudadanos privados de la libertad no han sido trasladados a establecimientos carcelarios, y han sido ubicados en las URI y estaciones de policía, por más de 6 meses, vulnerando derechos fundamentales, como visitas o la salud", señaló el Concejal Germán García Maya.

La situación es aún más crítica, porque cuidar a los presos no es competencia de la policía, y mucho menos fueron formados para esto. Por el contrario, esta actividad de guardias hace que se descuiden en promedio 60 cuadrantes, lo que se traduce en cerca de 180 barrios descubiertos, mientras la policía realiza acciones que no son de su resorte.

Problemáticas que sobresalen en la deficiencia del sistema

1. Todos los reclusos de Bogotá (Aprx. 16.000) cuentan con sólo 6 abogados, 3 en la Picota, 2 en la Modelo y 1 en el Buen Pastor. Esto represa el trámite judicial, aumentando el hacinamiento derivado de los retrasos en trámites judiciales.

2. Para atender a todos los reclusos de Bogotá hay una única ambulancia no medicalizada, que debe responder por traslados hospitalarios, atención de urgencias y por toda situación crítica que se presente entre los 16.000 internos y 1.300 funcionarios carcelarios.

3. En las visitas, especialmente las dominicales, se logran concentrar cerca de 15.000 personas en la picota, 9.000 en La Modelo y 4.000 en El Buen Pastor. Estas aglomeraciones no son vigiladas ni controladas por ningún organismo de riesgos y ante la ausencia de ambulancias, se puede decir que hay 27.000 personas en riesgo permanente sin derecho a ambulancia o planes de contingencia.

Gracias a la gestión y permanente denuncia del Concejal Germán García Maya, en el presupuesto de 2018 para Bogotá se incluyó una partida de $5.500 millones, para la adecuación de una zona de la Picota, donde espera recibirse a quienes hoy se encuentran en las URI y Estaciones de Policía. Así mismo, por primera vez en la Capital se firmó un convenio interadministrativo entre el INPEC, la USPEC y la Secretaria de Seguridad para buscar soluciones a la situación carcelaria de esta zona del país.