Estrategias para la Superación de la Emergencia Sanitaria y la Reactivación Económica: Contexto

24 de junio de 2020

La mayoría de empresas afectadas por el aislamiento obligatorio (establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, turismo, entretenimiento, centros de educación, industria manufacturera, etc.), siguen asumiendo sus gastos y costos fijos, tales como arriendo, administración, servicios públicos, etc., a pesar de haber minimizado o suspendido totalmente sus actividades. En este contexto, es imperativo que desde el Estado se implementen las medidas necesarias y oportunas que conlleven a la reactivación de sus actividades productivas en medio del aislamiento, así como también, una vez finalice la emergencia.

Entonces, observamos con gran preocupación que, además del impacto en la salud, la emergencia sanitaria por cuenta del Covid-19 ha afectado la economía y las relaciones sociales en todas sus dimensiones. Asimismo, se ha evidenciado la manera como ésta crisis ha puesto a prueba la capacidad de los sistemas sanitarios, así como las políticas sociales, a la vez que ha demostrado la necesidad de una mayor articulación de las relaciones entre las instituciones en todos sus niveles. La ilustración que se presenta a continuación describe la cadena de los costos económicos y sociales que representa la emergencia sanitaria en el contexto actual:

Ilustración 1 Costos económicos y sociales del COVID-19

En este sentido, los expertos en la materia han señalado que la prolongación de la cuarentena se está viendo reflejada no solo en una grave afectación a la economía, sino también en un desgaste de la ciudadanía. Esta problemática fue abordada ampliamente en el foro virtual '100 días de la pandemia: lo hecho, el presente y las perspectivas a partir de los expertos', convocado por EL TIEMPO Casa Editorial, en donde el exviceministro de salud, Iván Darío González, manifestó que se presentó una mala coincidencia entre la llegada del pico de la pandemia a la región y la necesaria flexibilización de la economía, con lo que se debe afianzar la premisa de que "sin salud no hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud", por lo que insiste en la necesidad de dejar atrás las cuarentenas.[1]

Por su parte, el Dr. Juan Gonzalo López, presidente de la EPS Salud Total, declaró que es urgente trabajar para que el impacto de la pandemia sea el menor posible y que si bien es claro que la mayoría de la población resultará infectada en algún momento, hay que mitigar este impacto. "Por eso, es imperativo trabajar con el Gobierno y las entidades territoriales en el fortalecimiento de un aseguramiento que incluya el componente colectivo".[2]

Lo cierto es que reactivar la economía en un contexto en el que se condiciona toda actividad económica y social no es una tarea sencilla. Una ventaja con la que se contó, consistió en que la emergencia sanitaria coincidió con el estudio y aprobación del Plan Distrital de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", lo cual posibilitó reestructurar esta carta de navegación en virtud de las necesidades derivadas de la pandemia, en donde fue posible establecer nuevas metas, así como la vinculación de diversos actores, como expertos académicos, líderes sociales y a la ciudadanía en general, con el fin de generar la mejor propuesta con vista a la superación de la emergencia sanitaria.

¿Qué pasa con la economía?

Es claro que el COVID-19 genera efectos graves en el corto y el largo plazo de la oferta y la demanda a nivel agregado y sectorial, cuya intensidad y profundidad dependerán de las condiciones internas de cada economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas sociales para prevenir el contagio.[3]

Por tal razón, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sostiene que el Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades instaladas.[4]

Lo anterior implica que el Estado se enfrenta al reto de replantear y fortalecer su papel frente a la regulación de la política económica, ya que la crisis que estamos afrontando fractura los principios, postulados y supuestos tradicionales del modelo económico implementado en Colombia desde la década de los 90's, los cuales indican que la economía se regula por sí sola mediante la ley de la oferta y la demanda (neoliberalismo).

En este sentido, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, insiste en la necesidad de implementar una estrategia efectiva de apoyo a las empresas, que ayude a minimizar la destrucción de empleo y del aparato productivo del país. Por tal razón, es enfático en señalar la necesidad de anticiparse a la inminente recesión económica que se avecina, con la consecuente pérdida de tejido empresarial y de millones de empleos.[5] En este orden de ideas, Mac Master se dio a la tarea de formular un decálogo de acciones de política pública para la recuperación económica, en el cual propone que "Resulta fundamental abordar las especificidades de las cadenas productivas con énfasis en su competitividad y productividad. Dentro de estas acciones caben los 'pactos de crecimiento', en los que se podrían agilizar y priorizar las medidas que buscan preservar y estimular al empresariado del país."

Por otro lado, de acuerdo con la CEPAL, la problemática en el contexto de la pandemia radica en que los choques de oferta derivados de las medidas de salud pública adoptadas por el gobierno para contener el virus deprimen la actividad económica, tales como el cierre de los establecimientos comerciales, el cese de actividades en las fábricas y las operaciones de algunos servicios públicos, la cancelación de actividades y eventos, entre otras. Por su parte, la magnitud del choque de demanda agregada, debido a la reducción del consumo de bienes y servicios (incluidos el turismo y los servicios de entretenimiento) dependerá no solo de las medidas impuestas por los gobiernos (cuarentenas y restricciones de movimiento) sino también de la respuesta de los individuos y su reacción a las circunstancias, en particular con respecto al autoaislamiento y el distanciamiento social. En el plano financiero, la liquidez se ha reducido debido a la abrupta disminución de la demanda interna, la paralización de la actividad económica, las disrupciones en las cadenas de pago, y las pérdidas de rentabilidad y riqueza.[6]

En este orden de ideas, planteamos la necesidad de diseñar e implementar planes, programas y estrategias para la reactivación económica desde las instituciones estatales, impulsados principalmente a través del gasto público. Frente a este escenario, los gobiernos territoriales tienen un margen de acción para la reactivación económica, mediante la generación de oportunidades laborales y el fomento del consumo por vía de la diversificación de las políticas fiscales, buscando, en todo caso, incentivar el consumo de productos básicos, priorizando la producción local.