EVASIÓN EN TRANSMILENIO: UNA CRISIS FINANCIERA Y DE SEGURIDAD QUE EXIGE ACCIONES INMEDIATAS

La evasión en el sistema de transporte público TransMilenio ha alcanzado niveles alarmantes que ponen en riesgo su sostenibilidad financiera y la seguridad de los ciudadanos. Como concejal de Bogotá, debo alertar a la opinión pública y a la administración distrital sobre la gravedad de esta problemática, que requiere medidas urgentes y contundentes.

Las cifras son innegables y evidencian una crisis que no se puede seguir ignorando:

La evasión del pago del pasaje en TransMilenio se estima que ha alcanzado el 29,66% en el sistema troncal, mientras que en el sistema zonal se cree que supera el 70%.
En 2022, se impusieron 40.100 comparendos por evasión, pero menos del 10% fueron pagados, lo que evidencia la falta de efectividad en las sanciones.
El déficit financiero del sistema supera los 3,1 billones de pesos, poniendo en riesgo la continuidad del servicio en los meses finales de 2024.
Se estima que la elusión genera pérdidas anuales de 9.500 millones de pesos debido a la reventa ilegal de tarjetas subsidiadas.
Durante las administraciones 2020-2023 y 2024-2027 no se han definido criterios de medición ni acciones para determinar de manera real y verificable los niveles de evasión en el sistema zonal. Tampoco se han identificado las zonas con mayor incidencia de este fenómeno, lo que dificulta la recopilación de información y la realización de estudios que permitan un diagnóstico claro. Esta falta de datos impide el diseño de estrategias efectivas para reducir la evasión y mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.

Este problema no solo afecta las finanzas de la ciudad, sino que también impacta directamente en la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios. La sobrecarga de pasajeros en estaciones y buses, sumada a la falta de control, ha convertido el sistema en un foco de inseguridad y caos.

A pesar de los intentos de la administración por reducir la evasión con infraestructura como la instalación de barreras perimetrales, torniquetes de piso a techo, el uso de cámaras de vigilancia y la implementación de campañas de cultura ciudadana, estas acciones han sido insuficientes. Las estaciones intervenidas, como Molinos y Santa Lucía, siguen siendo vulnerables porque el problema simplemente se traslada a estaciones cercanas sin medidas de control.

Es urgente que la Administración Distrital y el Gobierno Nacional tomen decisiones firmes para enfrentar esta crisis. Como concejal, propongo las siguientes acciones inmediatas:

Implementación de tecnología avanzada para el monitoreo y control de la evasión en todas las estaciones y buses.
Auditoría y vigilancia estricta al contrato de concesión del recaudo, que hoy opera sin un sistema de control riguroso.
Medidas drásticas contra la evasión, como sanciones efectivas y compensaciones con trabajo comunitario para los infractores.
Ampliación de los puntos de recarga en la ciudad para evitar la excusa de falta de acceso a tarjetas y recargas.
Fortalecimiento del esquema de seguridad y control en estaciones y buses con presencia permanente de autoridades.
Bogotá no puede seguir permitiendo que la evasión desangre el sistema de transporte público y el bolsillo de los ciudadanos. La ciudad requiere soluciones efectivas y voluntad política para garantizar un servicio digno y sostenible para todos los ciudadanos.

Armando Gutiérrez González
Concejal de Bogotá
Partido Liberal Colombiano