De acuerdo con el Concejal Hosman Martínez, la Administración debe restablecer el derecho a la educación, lo que implica incluir a los jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal, garantizando su registro en el SIMAT. Sin embargo advirtió que del total de los adolescentes, sólo 54 están registrados y que de los 9 centros que hay en la Capital, ninguno es reconocido como sede de institución educativa, siendo esto una obligación de la Administración, razón por la cual afirmó que se está vulnerando el derecho a la educación de esta población.
Otra de las denuncias presentadas por el Concejal Martínez, es que los operadores responsables de ejecutar el modelo pedagógico en los Centros de Responsabilidad Social, no cumplen con los requisitos estipulados en el Decreto 1075 de 2015, por ende solicitó a la Administración dar claridad sobre esta situación.
Para el Concejal Jorge Torres, es claro que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que funciona en Bogotá ha fallado, sin embargo aclaró que este sistema es responsabilidad del Gobierno Nacional en cabeza del ICBF, por consiguiente hizo un llamado a la nación para establecer un modelo que se ajuste a las necesidades del país y de la ciudad.
Los Concejales Edward Arias y María Fernanda Rojas señalaron que los actos delictivos por parte de adolescentes han venido aumentando en Bogotá, situación que atribuyen a la falta de un sistema pedagógico efectivo, estrategias de fortalecimiento familiar y social y acciones de prevención de consumo de SPA.
En aras de reducir las cifras de delitos cometidos por jóvenes, los cabildantes insistieron en la necesidad de evaluar la adopción de Políticas Públicas que promuevan soluciones efectivas en el Distrito Capital.
Oficina Asesora de Comunicaciones del Concejo de Bogotá
