En marzo pasado catorce concejalas y concejales de Bogotá y dos congresistas radicaron una coadyuvancia ante la Corte Suprema de Justicia en apoyo a la tutela presentada por organizaciones sociales y académicas dirigida a convocar medidas eficaces para garantizar a la ciudadanía el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personales y por supuesto el derecho político a la movilización y a la protesta que fue fallada a favor por la Corte Suprema de Justicia.
Los concejales insistieron en que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas y que los actos de violencia que se presentaron durante las movilizaciones de 2019 no llegaron ni siquiera al 12% y que por el contrario la Fuerza Pública si se excedió en el uso de sus atribuciones, por lo que consideraron que lo sucedido en el Paro Nacional constituyó graves violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura y la desaparición forzada.
“Cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, indican que durante el 2019 se realizaron 797 movilizaciones o manifestaciones, de las cuales, únicamente 95 se tornaron violentas, es decir, solo el 11,9%. A pesar de ello, entre el 21N y el 19D (27 días), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) realizó 111 intervenciones. En 27 días el ESMAD intervino más veces que en el número total de las protestas violentas de todo el año 2019”, anotaron en su momento los concejales.
La tutela busca que se analice, con participación de organizaciones sociales, las actuaciones del ESMAD y que se propongan reformas de fondo. Pide que se ordene a la Policía Nacional, abstenerse de usar la figura de traslados por protección y para procedimiento policivo contra los manifestantes, así como de hostigarlos física y verbalmente y lanzarles elementos de dispersión de manera directa.
“Según la misma Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), durante las protestas realizadas en 2019 se realizaron 940 traslados por protección a Centros de Traslados por Protección (CTP)” y diversos testimonios recogidos por organizaciones sociales indican que hubo indican que hubo graves violaciones a los derechos humanos: tortura física, piscológica y sexual, desaparición forzada, tratos crueles inhumanos y degradantes. Datos de la Secretaría Distrital de Salud, indican que en 2019 aumentó en un 339% el número de heridos en medio de manifestaciones.
La tutela fue interpuesta por el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Humanidad Vigente, la Dra. Ana Bejarano y el Dr. Douglas E. Lorduy, entre otros.
Prensa Concejal Diego Cancino: 3202343806
