Invasión de tierras es un problema penal

Estamos hablando de redes delincuenciales organizadas y armadas que tienen en la mira 3.700 hectáreas, no solo de zonas de reserva como los cerros orientales, sino de sectores con riesgo de inundación y derrumbe en 13 localidades de la ciudad, como lo ha detectado la secretaría del Hábitat.

Claro que las alcaldías locales no pueden bajar la guardia y que las entidades públicas de la ciudad deben afinar su trabajo para identificar los polígonos puntuales que están en riesgo de caer en manos de los saqueadores de tierra. Pero estamos hablando de delincuentes que no pueden ser controlados por un inspector de policía o por un funcionario de una alcaldía local.

Necesitamos que la Fiscalía lleve a la cárcel a los invasores, que desmantele sus redes intimidatorias, que libere a cientos de familias que son estafadas y presionadas en localidades como Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, y las que bordean los cerros: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

El problema no da espera. En zonas como Ciudad Bolívar los funcionarios de control son permanentemente amenazados para evitar los controles, y el resultado es que estos delincuentes invaden de la noche a la mañana un terreno que después de convierte en un problema social a la hora de desalojarlo. Porque también están utilizando a las familias que no tienen vivienda, a los desplazados, para sus acciones delincuenciales.

No podemos seguir con investigaciones exhaustivas que no terminan en nada. La investigación de alto nivel de los saqueadores de tierra en Bogotá debe ser una prioridad de la Fiscalía, porque es fuente de conflictos, de intimidaciones y de inseguridad, no un simple problema de control urbano.