Las Casas Refugio, existen en Bogotá desde septiembre de 2013 bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Mujer. Nacieron con el propósito de ofrecer un espacio de acogida gratuito a mujeres víctimas en el ámbito del conflicto armado o la violencia familiar; allí son recibidas junto a sus hijos con el objetivo de protegerlas y brindarles una atención integral.
Sin embargo, este año dicho propósito parece haberse desencaminado, según profesionales que se encuentran al interior y mujeres víctimas que le relataron al Concejal Horacio José Serpa que desde el momento en que la Unión Temporal Fundesol-Ibero comenzó a administrar tres de las cinco casas que hay en Bogotá, se han tenido que enfrentar a las siguientes situaciones:
1. La Secretaría de la Mujer entregó en abril de este año el manejo de tres Casas Refugio a la Unión Temporal Fundesol-Ibero. Para ese momento Fundesol tenía un proceso de investigación por cartelización empresarial. La secretaría argumentó que no había fallo y por lo tanto continuó el proceso. En mayo la Unión Temporal Fundesol – Ibero comenzó a administrar las casas; en Junio la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa a Fundesol por $2.500 millones al encontrarlos responsables del delito de colusión empresarial en un proceso de contratación pública para el suministro de la alimentación para los adultos mayores de Cartagena. Pese a la sanción, Fundesol continua haciendo parte de la operación de tres Casas Refugio en Bogotá.
2. Inexperiencia en manejo de Casas Refugio de parte de la Unión Temporal Fundesol-Ibero. El 4 de mayo la Secretaría de la Mujer les entregó la casa refugio regida bajo la ley 1448. Relatan las profesionales que para ese momento los operadores no tenían profesionales disponibles ni un lugar apropiado y acondicionado para brindar el servicio. Tampoco demostraron experiencia en la atención de mujeres víctimas de violencia.
Lo que hicieron fue buscar a las fundaciones que quedaron por fuera de la licitación para que cedieran a sus profesionales, como en efecto ocurrió. Hoy dichos funcionarios son los principales denunciantes, como Paola Corredor, psicóloga y Johana Alvarado, nutricionista.
3. Maltrato a las mujeres víctimas de violencia acogidas en la Casa Refugio. Manuela Pérez, víctima de conflicto armado relata que el viernes 1 de septiembre de este año tuvo un inconveniente con una de sus compañeras y se agredieron físicamente. Los protocolos dicen que en estos casos las mujeres deben salir de las casas bajo un egreso que las proteja. Pero lo que relata la víctima fue que sobre las 11:30 de la noche la coordinadora de la Casa decidió sacarla a la calle con sus dos hijas y sin darle una orientación adecuada sobre lo que debía hacer.
Manuela cuenta que le suplicó a la coordinadora que le permitiera pasar la noche para resolver al día siguiente y se lo negaron. Sólo ofrecieron un albergue en Soacha con habitantes de calle, al que ella se negó debido a que sentía miedo por sus dos pequeñas hijas.
4. La ley define que no son iguales los tratamientos para mujeres víctimas de conflicto armado (Ley 1448) frente a mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar (Ley 1257). La Unión Temporal Fundesol-Ibero actualmente las está mezclando sin reconocer diferencia originando problemas en su tratamiento psicosocial.
5. Las mujeres acogidas denuncian que las obligan a firmar documentos en blanco por órdenes de la coordinadora de Fundesol-Ibero. Normalmente estas mujeres reciben tratamientos psicológicos que deben quedar registrados por las profesionales quienes luego de realizar la terapia piden a las víctimas que firmen. Algunas mujeres denunciaron que las están obligando a firmar documentos en blanco, desconociendo las razones por parte de dichos funcionarios.
6. Re-victimización. Según los protocolos que las expertas manejaron durante años, la mujer víctima de conflicto armado debe contar su historia una vez y todas las profesionales se remiten a un mismo historial para realizar tratamiento, así la mujer no se ve obligada a repetir su historia: recordar es vivir de nuevo el dolor. Ahora están enfrentadas a repetir múltiples veces su historia, lo cual implica un proceso de re-victimización.
Las denuncias ya están en conocimiento de la Personería de Bogotá, desde donde se emitieron alertas a la oficina de control disciplinario de la Secretaría de la mujer.
Para más informacion y gestión de entrevistas sobre el tema comunicarse con la Oficina de Comunicaciones del Concejal Horacio José Serpa.
