Diego Cancino concejal de Bogotá le puso la lupa al ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya que venía sonando como uno de los candidatos a suceder a Claudia López en el Palacio Liévano. Las denuncias de Cancino fueron tan contundentes que el ex gobernador optó por la reelección a la gobernación de Boyacá. Amaya demandó a Cancino para exigirle retractación pero dos jueces fallaron en doble instancia en contra de Amaya y le dieron la razón al concejal.
La historia comenzó a mediados de abril de este año cuando Cancino denunció que según dos auditorías de la Contraloría General de la Nación durante la gobernación de Amaya podrían haberse perdido más de 5.500 millones de pesos que pusieron en líos judiciales a dos de sus funcionarias más cercanas.
Hacia finales de abril el concejal de la Alianza Verde denunció que un círculo cercano de amigos de Amaya fueron favorecidos con millonarios contratos que terminaron en hallazgos fiscales, detrimento patrimonial e investigaciones disciplinarias y penales.
Recientemente, la Fiscalía abrió investigación penal en contra del ex gobernador de Boyacá Carlos Amaya por considerar que durante su Gobernación se habría desarrollado un carrusel de contratación por más de $167.000.000 a través de tres jugosas licitaciones de obras públicas.
Las denuncias involucran carruseles de empresas con las mismas direcciones, los mismos nombres, concentrando recursos y contratos, incumpliendo los tiempos, y generando en un contrato aún vigente: 10 prórrogas por un costo adicional de $31 mil millones de pesos.
A comienzos de mayo, Cancino denunció que financiadores de la campaña a la gobernación de Amaya fueron beneficiados con millonarios contratos durante su gobernación: Jorge Boada, por ejemplo, que en 2015 donó $50 millones, recibió contratos por alrededor de $33.000 mil millones en contratación.
Ese mismo mes, Amaya fue elegido co presidente del Partido Alianza Verde.
Después de ese nombramiento Diego Cancino denunció que Amaya construyó de manera ilegal, sin licencia y a nombre de un familiar, una mansión ( 2.500 m2) por un valor aproximado de tres mil millones en área ambiental protegida de Paipa.
Amaya interpuso una acción de tutela en contra de Cancino por considerar que le estaba violando sus derechos al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la intimidad por publicaciones relacionadas con los informes que realizó la Contraloría General sobre su gestión como gobernador de Boyacá (2014-2016) y por sus denuncias. Tanto en primera como en segunda instancia el juez indicó que las publicaciones de Cancino son legítimas.
De acuerdo con Cancino, “Tanto en primera como en segunda instancia se confirmó que las denuncias las realicé en ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión y que no violé ninguno de los derechos alegados por el señor Amaya”.
