La atención de víctimas necesita resultados concretos

Es por eso que desde el Concejo de Bogotá reclamo liderazgo de la Alta Consejería para las Víctimas, porque de su capacidad para coordinar dependen los resultados concretos de los servicios que se prestan desde los Centros Locales de Atención de víctimas (CLAV). Estos sitios viven congestionados y no tienen rutas claras de atención y es claro que las personas terminan revictimizadas en muchas ocasiones.

La verdad es que no hemos podido poner a las víctimas en la agenda pública y es urgente que lo hagamos porque la mitad de las víctimas está clasificada bajo la línea de pobreza y la cuarta parte en extrema pobreza. Pero la falta de coordinación no permite lograr resultados efectivos.

Hay algunas situaciones como la atención en salud: el 65 por ciento de las personas que están en el registro han tenido que recibir rehabilitación mental, y hay una mayoría enorme de mujeres, pero nos quedamos cortos.

Necesitamos resultados concretos en vinculación laboral, tanto a las entidades del Distrito como a las entidades privadas a través de la cadena de productividad que lidera la secretaría de Desarrollo Económico con las entidades privadas.

Uno de los hechos más dramáticos en este tema de atención de víctimas es la impunidad que cobija al 95 por ciento de las agresiones sexuales contra las mujeres. De 634 hechos, en 285 no fue posible identificar al autor.

Hay 170 en que los autores fueron paramilitares y bacrim, 57 atribuidos a la guerrilla, 44 a la fuerza pública, 25 a grupo armado sin identificar y 11 en que los autores fueron en conjunto paramilitares y fuerza pública.

Bogotá es la primera ciudad del país con un número histórico de personas que se declararon víctimas del conflicto armado: fueron 712.035 con corte al primero de septiembre del 2017.

Son personas que cargan a cuestas flajelos como la desaparición forzada y el secuestro de sus seres queridos, el despojo de tierras, los delitos contra la integridad sexual, especialmente contra las mujeres y las niñas, el desplazamiento, las secuelas de las minas antipersona, el reclutamiento forzado y muchos más delitos, entre ellos las masacres y los homicidios.

Colombia es el segundo país del mundo después de Siria con el mayor número de desplazados internos, pero quiero señalar que obedece en parte a que hemos avanzado en el registro. Incluye el 12,7 por ciento de la población cuando otros países no una incluido más del 1 por ciento.

En el caso de Bogotá, no todas las que se declaran como víctimas se quedan viviendo en la capital, pues el registro oficial da cuenta de 354.497 que residen en la ciudad, lo que si es cierto es que las declaraciones representan el 8,3 por ciento del país, donde hay un total de 8'307.777.

Históricamente, las estadísticas muestran que Bogotá ha sido la principal receptora de víctimas con un total histórico de 565.438 personas desplazadas que han sido recibidas.

La radiografía actual de desplazados en la ciudad muestra en este momento a 337.435 personas que son sujeto de atención por parte de la ciudad, tras su declaración de ser víctimas. De esa cifra, se estima que 274.652 que reciben atención no son víctimas directas.

En la radiografía de las víctimas no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres pues la distribución es de 48,08 y 50,93 respectivamente. Hay un 0,04 por ciento de población que se ha declarado LGBTI, con un total de 146 personas.

De las veinte localidades de la ciudad, hay cinco que concentran a las víctimas: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y San Cristóbal. En promedio en la ciudad hay 21,8 víctimas por cada mil habitantes, pero Ciudad Bolívar, una de las que más concentra tiene 38,5. Es la zona con más víctimas residentes, de ahí que sea una zona clave para implementar la política pública de víctimas.

Es importante que la política pública tenga en cuenta la condición de etnia de muchas de las víctimas: los registros muestran que el grupo de población afrodescendiente es de 32.950 personas, que representan el 9 por ciento. Las que están en Bogotá son el 41, por ciento del total del país.

Los indígenas también requieren un tratamiento especial. De ellos hay 6.887, con 1,9 por ciento del total de víctimas en la ciudad y el 3,5 por ciento del total de indígenas del país. Y hay 322 raizales, del archipiélago de San Andrés y Providencia y 138 víctimas rom.

No se puede negar que hemos avanzado en registro, en identificación, pero estamos muy lejos de una verdadera reparación y restauración de derechos. Vamos lentamente, cuando las necesidades agobian a esta población. Es cierto que hay acciones, pero resultan marginales frente a la magnitud del problema.

Mi llamado es a que trabajemos con enfoque de género, que tengamos en cuenta el tema étnico, que precisemos una ruta de atención que no revictimice, que sea clara la agenda pública en favor de las víctimas y que actuemos de manera coordinada e interinstitucional.