En Colombia, oficialmente hay un consolidado de 9.250.453 víctimas y de esas, alrededor de 7 millones, nada más, logran reunir los requisitos para poder acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley, según la Unidad para la Atención y la reparación integral a las víctimas. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha documentado 358.025 hechos de violencia dentro del conflicto armado, que han dejado 418.170 personas afectadas entre civiles, miembros de grupos armados, de la fuerza pública, entre 1958 y 2021. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, UARIV, por su parte, ha registrado 9.071.757 víctimas de desplazamiento forzado en el país, y entre 2012 y diciembre de 2021 y ha invertido 5,8 billones de pesos en Atención Humanitaria en beneficio de 139.532 víctimas del conflicto.
El panorama en Bogotá es complejo debido a que no solo atiende a sus víctimas del conflicto sino a las que llegan de otras regiones. Según cifras recogidas por la Alta Consejería de Paz, a través del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, en la ciudad residen 378.676 víctimas del conflicto; un número que evidencia un aumento comparado con corte a diciembre del 2021, el cual registró 360.018.
Todavía no se logra equipara el alcance del dolor y el daño que padecieron con la respuesta que deben dar los gobiernos nacional y locales a los afectados. La Contraloría General de la Nación, señala por ejemplo que el Gobierno debe invertir de aquí a 2030 al menos 357 billones de pesos para cumplir su compromiso con la Ley de Víctimas y llama la atención porque de las 3,5 millones de hectáreas programadas para entregar a 2031 a las víctimas, solo se han cedido poco más de 391.421, es decir cerca de un 11%.
Falta mucho camino por recorrer, en el cumplimiento de los puntos del Acuerdo de Paz que apuntan a retribuir a la víctimas pero sobretodo enfatizar y aquellos que hablan de la responsabilidad de los victimarios de reparar y contar la verdad en el marco de la construcción de la memoria histórica del país y como parte del duelo que deben pasar a las personas violentadas.
Esas, que en algunos casos han tenido que esperar décadas sin tener respuesta, como ha ocurrido por ejemplo, con el caso de la masacre de la familia Turbay Cote a manos de integrantes de las FARC, el 29 de diciembre del 2000 en Caquetá. El asesinato del entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes Diego Turbay Cote, que viajaba junto a su madre, Inés Cote de Turbay y Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní y Rafael Ocasiones; y donde los familiares le siguen exigiendo a la JEP resultados y condenas tras 21 años de dolor.
El llamado hoy es a reconocer el sufrimiento de las miles de familias que claman por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, a darle el primer lugar a las víctimas y no a los victimarios. Evitar que se repitan casos como los de alias Iván Márquez y Jesús Santrich que engañaron al país, se evadieron, se rearmaron y ahora vuelven a sembrar el terror, mientras que los colombianos que enfrentaron el conflicto, perdieron vidas, fueron desplazados, reclutados, abusados, amenazados y despojados.
