El embarazo en niñas y adolescentes es un problema de salud pública que afecta a los jóvenes padres y madres en sus oportunidades de construcción de proyecto de vida. Una problemática que implica múltiples factores, no sólo a nivel personal, sino también a nivel social, económico y a nivel estructural como la inequidad de género, la violencia, entre otros.
El compromiso de la sociedad para reducir y erradicar el embarazo adolescente pasa por la calidad educativa, y como problema de salud pública, ya que de acuerdo con UNFPA, la principal causa de muerte en niñas entre los 15 y 19 años se produce por complicaciones en el embarazo y en el parto.
Según la Secretaría de Integración Social, en lo que llevamos del 2022, han aumentado en un 11% los casos de niñas embarazadas entre los 10 y 14 años; y entre los 15 y 19 años ya son 2.924 niñas que se han convertido en madres. La ciudad es nuestra responsabilidad y las cifras son un llamado a la acción por parte del gobierno nacional y local.
De acuerdo al ministerio de salud, el 13% de las mujeres menores de 15 años ya han iniciado una vida sexual activa. Las mujeres con menor educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de más educación lo hacen a los 18 años. Entonces, la maternidad adolescente conlleva a un bajo nivel educativo y limita las posibilidades de acceso al trabajo digno para cubrir las necesidades de las niñas.
Bajo esta premisa surgen varias preocupaciones, por ejemplo, no podemos ignorar el hecho de que estos datos podrían estar relacionados con abusos sexuales como efecto colateral de la pandemia. Así que es de vital importancia liderar acciones en la ciudad, frente al embarazo en niñas y adolescentes, que permitan que las mujeres desde temprana edad ejerzan sus derechos a la salud y a la educación para que puedan desarrollar un proyecto de vida.
El balance no es en lo absoluto alentador, sea en una región o en otra, es un tema estructural que requiere soluciones de fondo y el rechazo de la sociedad colombiana. No sólo me refiero a un rechazo que se manifiesta exclusivamente mientras dura el calor de la noticia, y a los pocos días, las víctimas y sus familias quedan en el olvido; es al repudio, el rechazo y la indignación permanente, hasta el punto que proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes sea una prioridad para el actual gobierno en Colombia, dejando de normalizar esta situación, porque no se trata exclusivamente de la maternidad, sino como lo mencioné al inicio de esta columna, son las consecuencias social que trae consigo la maternidad y paternidad prematura.
Es imperativo retomar de manera urgente la educación sexual, dejando a un lado los tabúes asociados la sexual, se trata de una sexualidad ante todo informada para que las y los jóvenes tomen sus decisiones de manera responsable. Según Profamilia, la mejor manera de reducir efectivamente las tasas de embarazos adolescentes ha sido mediante la combinación de una educación sexual completa e integral y el acceso libre y fácil a los métodos anticonceptivos (Profamilia, 2015).
Hago un llamado a la Administración Distrital para que oriente acciones concretas a volver a hacer que los indicadores de embarazo, en particular, en niñas entre 10 y 14 años vuelvan a descender. La Administración anterior desarrollo una estrategia que logró llevar ambos indicadores (embarazo en niñas entre 10 y 14 y en niñas entre 15 y 18) a iniciar un descenso marcado. Hay que construir sobre lo construido.
