De acuerdo al Concejal Liberal Jorge Ernesto Salamanca Cortés, en la Secretaría Distrital de Planeación, contratistas e incluso funcionarios, con la facultad de expedir normas, cumplir funciones de regulación, sanción y autorización de proyectos, presuntamente están vinculados de forma directa o por interpuesta persona, como apoderados y gestores de proyectos urbanísticos privados, planes parciales, privados ante esta misma Entidad y en el mismo período de tiempo de ejecución de sus contratos. Exigió la apertura de investigación por parte de la Personería.

El Concejal SALAMANCA hizo mención del caso puntual de los contratistas Giovanni Pérez García, Juan Francisco Rodríguez Vitta y Alejandro Rodríguez Caicedo, quienes mantuvieron relación contractual con la Secretaría Distrital de Planeación durante el 2010 con el objeto de apoyar a la Entidad en la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, mientras simultáneamente gestionaron trámites como privados en proyectos estudiados y aprobados por la misma Secretaría específicamente en la expedición del Plan Parcial PROSCENIO, Plan Parcial San Antonio y Plan Parcial CASABLANCA, a través de sus empresas Geografía Urbana y Geografía de Derecho LTDA.

Bajo estas circunstancias, el Concejal SALAMANCA sostiene que estaríamos frente a un presunto Conflicto de Intereses y violación de principios consagrados expresamente en los contratos “El Contratista deberá ABSTENERSE de adelantar o gestionar en nombre de terceros, por sí mismo o por interpuesta persona, trámite alguno ante la Secretaría Distrital de Planeación (…) con el objeto de asegurar los principios de imparcialidad y moralidad en la función administrativa”.

De otra parte, frente al trámite de la Revisión del POT, SALAMANCA, se mostró escéptico ante la posibilidad de lograrse su aprobación en el tiempo restante de la Administración de Samuel Moreno; pues además de la concertación pendiente con la CAR, falta también su paso por el Consejo Territorial de Planeación antes de llegar al Cabildo Distrital. El Concejal hizo un llamado para dejar esta decisión en manos del futuro Alcalde, entregando como insumo una mejor propuesta, teniendo en cuenta que se han invertido más de $4.300 millones de pesos sin conseguir el resultado deseado, con el riesgo de incurrir en un eventual detrimento patrimonial a futuro.

El Concejal hizo mención de la respuesta dada por la CAR la semana anterior, sobre la solicitud de concertación de los asuntos ambientales, donde nuevamente la Corporación reclama a la Secretaría de Planeación: “Señalar de manera explícita y ordenada los motivos debidamente sustentados de la modificación propuesta, su justificación y las referencias explícitas a los estudios y justificativos técnicos de cada uno”… “indicar de qué manera la modificación contribuye a asegurar la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes general y urbano del Plan de Ordenamiento Territorial”.

La CAR también hace esta importante anotación: “Es importante tener en cuenta que se está proponiendo la modificación de normas urbanísticas consideradas estructurales en la Ley 388 de 1997 (…) las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la revisión del plan, serán objeto de modificación”.

Sobre este tema, debe tenerse en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial tiene tres componentes fundamentales, el componente general, el componente urbano y el componente rural. El primero de ellos tiene por definición una vigencia de largo aliento, equivalente a no menos de 3 períodos de gobierno, y los dos restantes si pueden ser objeto de revisión excepcional por cada Administración.

A su vez, cabe recordar que el Consejo Territorial de Planeación ha mantenido sendas críticas por el limitado enfoque que se concentra exclusivamente en materia de Competitividad y productividad de la ciudad, dejando de lado el desarrollo social y a escala humana que se requiere, por eso califican la propuesta como incompleta, alegando que tampoco sus apreciaciones han sido incorporadas en el texto hasta ahora compilado por la Secretaría Distrital de Planeación.