La sociedad debe reaccionar frente a la violencia contra las mujeres

La manera como crecen los hechos de violencia física y sexual contra las mujeres, demuestra que es necesario implementar acciones complementarias a lo que tradicionalmente se están ejecutando por parte de las autoridades y de organizaciones que trabajan para erradicar estos comportamientos delictuales.

Pareciera que las sanciones penales, que ahora son más fuertes, no han hecho mella en el comportamiento de los agresores, que siguen golpeando o violando a sus esposas, hijas, novias o compañeras, muchas de las cuales han tenido lesiones incapacitantes y otras, infortunadamente han muerto.

Las cifras que revela el Instituto Nacional de Medicina Legal son escalofriantes, pero representan un subregistro, porque es claro que no todas las mujeres que sufren atropellos físicos y sexuales, realizan la respectiva denuncia.

Y estos subregistros se deben a varias razones. La primera de ellas es el miedo que tienen las mujeres a la reacción del victimario que vive al interior de su hogar, pues ellas no cuentan con la protección necesaria para enfrentarlo luego de que pone en conocimiento de las autoridades el hecho.

La segunda causa es la poca credibilidad o confianza que tienen las mujeres frente a la actuación de la justicia, debido a los pobres resultados que se presentan en las investigaciones y en el castigo a los agresores. La tercera razón tiene que ver con la dependencia económica, de una porción muy alta de las mujeres maltratadas física y sexualmente, frente a su agresor.

Las imágenes de mujeres asesinadas, de las mujeres golpeadas brutalmente y de las mujeres violadas, que muestran permanentemente los medios de comunicación, dejan traslucir una realidad estremecedora que, sin embargo, no ha logrado crear una reacción social mucho más contundente de rechazo a estos acontecimientos, que se están propagando como una pandemia y que no respeta estrato social ni condición profesional.

El ocultamiento de la mayoría de casos de violencia contra las mujeres en los estratos más altos, únicamente permite conocer cifras georreferenciadas en las localidades más populares de Bogotá. El Instituto de Medicina Legal cuenta que las localidades de La Candelaria, San Cristóbal, Los Mártires y Santa Fe, es donde se concentra el mayor número de los 8.138 episodios de violencia física contra las mujeres que se denunciaron, y cuya incidencia oscila entre 3,7 y 4,7 por cada mil mujeres.

Frenar esta espiral de violencia es una prioridad institucional y social, que debe comenzar con procesos educativos mucho más incluyentes, que permitan una sensibilización tanto de los niños como de los mayores, sobre la urgencia de apelar más al diálogo y a la concertación, que a la reacción física. Y en este aspecto, debe haber una interacción que involucre a las diferentes instancias del gobierno, al sector privado, a maestros y médicos, a medios de comunicación, a organizaciones sociales y a las familias.

Además, se le debe exigir a las autoridades judiciales resultados frente a los victimarios y dejar de ser tan permeables a la hora de otorgarle beneficios penales a los responsables de violencia física y sexual, tal como ha ocurrido en los últimos días y que ha causado indignación entre la ciudadanía. La gente no quiere más impunidad.

Erradicar la violencia contra las mujeres no se logra con modificaciones al código penal, donde ya hay definida penas ejemplarizantes, sino con una actuación judicial más pronta y eficiente, y con una decisión de la sociedad en su conjunto de denunciar y rechazar con mayor contundencia estos hechos.

Y nos queda, además, como tarea, debatir abiertamente el gravísimo problema que significa la violación de menores de edad y el incremento constante de embarazos infantiles.