Diego Cancino, concejal de Bogotá publicó una nueva denuncia sobre Carlos Amaya y su suegro, Antonio Assis, quien no sólo compró un predio en Sutamarchán (Boyacá) a la mitad de su valor, sino que tuvo el privilegio que le construyeran, al frente, una carretera pavimentada con recursos públicos.
El 28 de noviembre de 2017, Assis compró un predio rural de 5.3 hectáreas en Sutamarchán (matrícula 072-73488) por $ 53 millones a la Sociedad Aposentos S.A.S (NIT: 900.567.756-8) que a su vez había pagado $ 95 millones, en 2012, o sea casi la mitad del valor del predio después de cinco años.
Sin embargo esta no es la única galletita de la suerte que sacó el señor Assis, resulta que apenas 20 días antes, (9 noviembre de 2017), Carlos Amaya, Gobernador de Boyacá y Wilmer Castellanos, Alcalde de Sutamarchán, firmaron un convenio (1236 de 2017) por $12 mil millones para pavimentar la vía que comunica a los municipios de Sutamarchán, Villa de Leyva y Santa Sofía.
Rápidamente (febrero 1 de 2018) la Alcaldía de Sutamarchán abrió licitación pública (LP – MS - 001 de 2018); el 23 de febrero, le adjudicó al único proponente que se presentó: Consorcio Sutamarchán 2018, con Héctor Julio Pedraza Sánchez como representante legal y el 28 firmó el contrato No. LP-OP-001 de 2018, por $11 mil millones, con el objeto de la “Pavimentación de la vía Sutamarchán - la Punta del Llano que comunica los municipios de Sutamarchán, Villa de Leyva y Santa Sofía”
La Procuraduría señaló que los requisitos habilitantes -particularmente los indicadores financieros y organizacionales que se exigieron a los oferentes- fueron exagerados, “alejados de los valores normales que favorecen la pluralidad de oferentes”, y que los indicadores exigidos “no están sustentados en los estudios de oferta y demanda”. (Febrero 9 de 2018. Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Oficio enviado a la Alcaldía de Sutamarchán). Lo anterior parece indicar que se trató de una licitación a la medida del contratista.
Las alertas de la Procuraduría sobre las irregularidades en el proceso licitatorio se confirmaron posteriormente por la Contraloría. Esta entidad abrió tres (3) hallazgos administrativos por la ejecución de este contrato de obra pública con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $783 millones.
Cabe señalar que las empresas que conformaron el Consorcio Sutamarchán 2018, involucran contratistas frecuentes en la Gobernación de Boyacá no sólo durante la administración de Amaya sino actualmente en la de Barragán. Luis Guillermo Ruiz Machado y Héctor Julio Pedraza Sánchez. Además del contrato en Sutamarchán, en el 2018 ganaron una licitación por $32 mil millones para rehabilitar otra vía en el departamento.
En 2022 Héctor Julio Pedraza Sánchez y Jorge Boada (ByV Ingeniería SAS) se asociaron para licitar varias obras como la plaza de mercado de Paipa, el mejoramiento de la plaza de mercado de Villa de Leiva y este año (2023) para construir una torre hospitalaria en Tunja.
Vale recordar que Jorge Boada (ByV Ingeniería SAS) no solo ha sido un gran contratista de obras públicas de Boyacá en las Gobernaciones de Amaya y de Barragán, sino que además donó $50 millones a la campaña a la Gobernación de Carlos Amaya.
