Son muchos y diferentes los hechos que hoy por hoy afectan a Bogotá además del Covid-19, los ciudadanos vienen acostumbrándose a una nueva normalidad difícil de sobrellevar en medio de tanto caos que hemos vivido en los últimos días; sin embargo, hay otra pandemia que avanza mientras que la otra va disminuyendo y es la violencia contra las mujeres y nuevos casos de violencia sexual en su contra se conocieron durante esta última semana.
De acuerdo con los datos registrados en el sistema de vigilancia de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual (SIVIM) de Bogotá, existe una tendencia al incremento anual significativo de la tasa de violencia de tipo sexual en el Distrito Capital. En el periodo 2012 a 2019 se notificaron 43.784 casos. En 2019 la tasa estimada para la ciudad era de 102,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 8.474 episodios registrados, un 18,4% más que en 2018. El 81,8 % las víctimas fueron mujeres; siendo los más afectados aquellos en incapacidad de defenderse: los menores de edad en un 77,5 %, que hace relación a 6.569 casos notificados; seguido por los adultos entre los 18 y 59 años con el 22 %, 1.864 incidentes. En lo que tiene que ver con la relación de la víctima y el ofensor sexual se encuentra que en por lo menos 4.972 casos de los registrados en el año anterior, equivalentes al 58,7%,: un 20,5% era un conocido y un 17%, un familiar. Y las localidades que registraron el 57,4 % de los casos de la ciudad fueron en su orden: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal.
Durante la última semana, tres hechos en Bogotá hicieron relación a violencia sexual contra mujeres. En el primer caso, dos jóvenes hermanas denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte del sacerdote, Rafael Antonio Rojas, quien desde 2012 a 2018, ofició como encargado en la parroquia Santa María del Monte ubicada en el barrio San Luis. Según el testimonio de las denunciantes, el hombre acudía a promover ofertas laborales para atraer a sus víctimas. Las mujeres aseguran que una de ellas sufrió un aborto, que el abuso fue recurrente, desde que tenían 11 y 13 años y se mantuvo por casi siete años más, debido a las amenazas del hombre, quien se ganaba la confianza de las familias y les reiteraba a ellas que no les iban a creer. El victimario quien resultó herido en un episodio reciente donde la joven intentó defenderse con un bisturí, fue capturado y enviado a la cárcel Modelo.
El segundo caso, el de Laura, una joven de 21 años fue la víctima, quien el pasado 7 de septiembre luego de acudir a un control en la EPS Sanitas de la localidad de Puente Aranda, fue violada por el ginecólogo que la atendió. De acuerdo con la denuncia, el médico Ernesto Ortiz Ruiz, de 52 años, luego de realizarle una revisión general, aprovechó el estado de indefensión de la mujer para abusar de ella. Este fin de semana, se realizó la audiencia virtual contra Ortiz, en la cual no aceptó los cargos por los delitos de: acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con persona en incapacidad de resistir agravado, no obstante la decisión del juez de garantías de Bogotá, fue ordenar su traslada a la cárcel mientras se adelanta el proceso.
Un caso más fue denunciado el pasado viernes por tres mujeres de 22 y 23 años, que aseguran haber sido acosadas sexualmente en un CAI, ubicado en la carrera séptima con calle con calle 26. De acuerdo con la versión de las víctimas, ellas caminaban por la avenida Boyacá y fueron interceptadas por dos policías motorizados que les exigieron una requisa, por un supuesto porte de marihuana, las esposaron y trasladaron hasta el CAI de San Diego, donde bajo la frase “¿Cómo vamos a arreglar?”, comenzó una extraña requisa de los hombres ante la indefensión y el miedo de las mujeres.
En lo que tiene que ver con la violencia sexual, las cifras son alarmantes nada más con los casos que logran ser denunciados, sin embargo los datos son más preocupantes si se tiene en cuenta que la mayoría se conocen mucho tiempo después de ocurridos y muchos más ni siquiera son denunciados por las amenazas y el miedo que viven las víctimas. De allí, que sea fundamental que la política de prevención sea integral, con acciones para la protección, acompañamiento y Justicia que es lo que reclaman las mujeres. En Bogotá el acompañamiento debe ser permanente y no limitarse solo al momento de atención, sino estar presente y vigente en la prevención de estos lamentables hechos y por supuesto exigir la acción de la justicia en respuesta de las miles de víctimas.
Concejal de Bogotá
