El sistema de vídeo vigilancia ha crecido desde 2017. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, durante ese año, se instalaron 836 cámaras e interconectaron 399 pertenecientes a instituciones educativas y Transmilenio. En el año 2018 instalaron 1.641 y las interconectaron con las cámaras de 50 Centros Comerciales. Para este año la proyección es de 1.673 cámaras más, sin embargo, la entidad hasta ahora no han entregado el reporte.
Este crecimiento se ha logrado gracias a un aumento significativo en los recursos destinados para el programa. Entre el año 2016 y el 25 de julio de 2019 el sistema de vídeo vigilancia ha costado $ 200,654,000,000 de pesos. Este monto se divide entre la ampliación del sistema, mantenimiento, conectividad, centros de control e interventorías, entre otros.
Cuando el concejal Nieves Herrera preguntó a la administración por las evaluaciones de impacto de este proyecto, la Secretaría de Seguridad informó que, hasta el momento, no hay resultados de ninguna evaluación. Esto quiere decir que el sistema de vídeo vigilancia se ha implementado sin evaluar su efectividad para el mejoramiento de la seguridad de la ciudad.
Para el Concejal, es preocupante que una política con un presupuesto tan alto se desarrolle sin evaluaciones que demuestren su viabilidad.
Aumento de delitos de mayor impacto en toda la ciudad
El primer criterio de ubicación de cámaras, acorde a la Secretaría de Seguridad, es que sea en zonas críticas a partir del índice de criminalidad. Por lo que se esperaría que las instalaciones de las cámaras redunden en una disminución de los delitos o en brindar herramientas que permitan su control.
La Especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio, de la universidad Central, ha elaborado una georreferenciación del comportamiento de los delitos en la ciudad de Bogotá D.C. a nivel de las UPZ. En el mapa se evidencia que, a excepción de pocas UPZ, los delitos de mayor impacto, al comparar el 2017 y el 2018, ha aumentado en toda la ciudad.
Para el Concejal Nieves Herrera, esto demuestra que el presupuesto invertido en la instalación de cámaras, no se ha traducido en una disminución de la ocurrencia de delitos.
Por eso, es necesario replantear la viabilidad del modelo, que ha demostrado no generar impactos positivos. Este sistema no solo ha significado un gasto de más 200 mil millones, sino que se implica que diariamente 200 policías, que podrían estar en la calle, son asignados al monitoreo de estas cámaras.
Es urgente que Bogotá rompa con la idea según la cual, las cámaras de vídeo vigilancia remplazan la labor en calle de la policía. El mejoramiento de la seguridad en la ciudad no pasa por soluciones tecnológicas mágicas, sino por atacar los factores estructurales asociados a la inseguridad, como son la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades y educación, entre otras.
