La gestión de recaudo es uno de los procesos más relevantes para el adecuado funcionamiento de una empresa o institución, que se alinea con los demás departamentos y dentro de sus mayores obligaciones se encuentra la de suministrar información real y actualizada sobre los estados de cada una de las cuentas por cobrar.
La sostenibilidad financiera y la permanencia económica de las empresas, se encuentra estrechamente relacionada con su crecimiento y la mitigación del impacto de los riesgos sistémicos, situación a la que se ven enfrentadas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a causa de la inadecuada administración de los recursos en salud manejados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) de Salud y la cual pareciera ser un problema imposible de solucionar.
En Bogotá y por datos proporcionados por las Subredes y la Secretaria de Salud recientemente, la cartera pendiente de las cuentas por cobrar de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la subred oscila entre los $833.551.959.915, una cifra alarmante y que genera una inconformidad notoria y un constante llamado por parte de los prestadores al Ministerio de Salud quienes solicitan una pronta intervención que genere medidas que causen un real cambio a la situación ya que la emergencia sanitaria provocada por el Covid – 19 ha requerido una mayor inversión económica para brindar mayor cobertura de la atención en salud. Una realidad que se vivió con mayor intensidad en este tercer pico de la pandemia del cual hasta ahora nos encontramos en descenso pero que ciertamente evidenció que nuestro sistema de salud aún no se encuentra listo para enfrentar emergencias de este tipo, pues se vivieron de cerca muchos casos de pacientes que fallecieron en espera de UCI.
Lo más preocupante de todo es el impacto a que esto conlleva en la calidad de la prestación de los servicios de salud que continúan en deterioro, demoras en la autorización de procedimientos y medicamentos, trámites engorrosos, falta de integralidad en la atención, largas listas de espera con especialistas y otros mecanismos también llamados “barreras ocultas al acceso” que generan una precisa violación al derecho a la salud establecido constitucionalmente.
Dentro de la alarmante y escandalosa cifra que evidencia la cartera pendiente de las cuentas por cobrar de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la subred, entre las áreas y especialidades más afectadas están: Laboratorio clínico, centros de imágenes diagnósticas, dispensación de medicamentos, unidades de terapia de reemplazo renal, servicios de atención integral (atención de urgencias y hospitalización general y en unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio), especialidades como Cardiología, Oncología, Otorrinolaringología y Unidades de salud mental, entre otras.
Claramente el sistema de salud y los actores de este, como son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud están requiriendo a gritos la estructuración de mecanismos y medidas extraordinarias que permitan hacer frente al problema y mitigar la crisis financiera que se avecina tras la pandemia del Covid-19. ¿Cuáles son entonces los planes de acciones de las subredes y la Secretaría de Salud para mitigar este impacto?
Concejal de Bogotá 
